Los vecinos abrieron caminos, ampliaron otros, hicieron muros y explanaron parcelas al margen del planeamiento
12 nov 2019 . Actualizado a las 21:19 h.El Consello de la Gerencia de Urbanismo ha impuesto a la comunidad de montes de Cabral una multa de 216.000 euros por realizar obras ilegales en el Camiño Pipín, próximo a la A-55.
Las obras consisten en la apertura de nuevos caminos en dos tramos de 75 y 125 metros con movimientos de tierras tales como excavaciones, rellenos y explanaciones, así como la construcción de muros de contención de piedra. Los comuneros llevaron además diversos trabajos de ampliación de caminos existentes en unas longitudes de 460 y 81 metros, así como la construcción de muros de contención. Por otra parte también procedieron a rellenar y explanar tierras en unas superficies de 1.600 y 5.400 metros cuadrados, con aumentos de altura de entre medio metro y dos metros y medio. Todas estas actuaciones se llevaron acabo dentro de un suelo urbanizable no programado con las condiciones urbanísticas de aplicación de suelo rústico.
Por otra lado, dentro de suelo urbano no consolidado, en el ámbito de un plan especial de reforma interior pendiente de desarrollo, los comuneros procedieron a la apertura de un nuevo camino de 175 metros con movimientos de tierra, excavaciones, rellenos y explanaciones y la construcción de muros de contención.
Además procedieron al relleno y explanación de tierras en unas superficies de 1.500 y 13.000 metros cuadrados, así como nuevos rellenos de tierra con aumentos de altura de entre un metro y cuatro metros de altura dentro de un ámbito de unos 10.000 metros cuadrados.
Otras ilegalidades cometidas por los comuneros de Cabral fue la construcción de una caseta de bloques de hormigón de unos 15 metros cuadrados para un depósito de agua ocupando al menos la zona de servidumbre de la carretera A-55.
Plazos
El Concello notificó la resolución a la comunidad de montes el pasado 11 de marzo. Transcurrido el plazo de audiencia, no presentaron alegaciones. Los técnicos de Urbanismo consideran probadas todas las irregularidades detectadas. La ejecución de las obras descritas constituyen una infracción urbanística grave que se sanciona con una multa de 6.000 a 60.000 euros y, como mínimo, el 20 % del valor de la obra.
En este caso, el Concello estima que las obras están valoradas en un total de 1.080.059 euros, por lo que la sanción propuesta asciende a 216.011 euros. Hace responsable de la infracción a la comunidad de montes vecinales en man común de Santa Mariña de Cabral, como propietaria del suelo en el que se ejecutaron estos trabajos.
Las arcas de la comunidad de montes no van experimentar un gran desequilibrio por esta multa. El Concello les sanciona con 216.000 euros pero, al mismo tiempo, tiene que pagar a los comuneros un total de 236.000 de acuerdo con una sentencia judicial. El motivo es la venta irregular de una parcela. La comunidad de montes de Cabral compró en 2012 al Concello una finca que en realidad ya le pertenecía. Años después su presidente, Luis Rodríguez, demandó a la administración local para lograr la anulación del contrato de compraventa y un juez le dio la razón.
El juzgado de primera instancia número 2 de Vigo condenó al Concello a devolver a la comunidad de montes los 233.640 euros que le abonaron por el terreno. Reconoce así que la finca siempre fue de los comuneros y que el Concello no tenía ningún derecho sobre ella.
La finca en cuestión se encuentra sobre el cementerio de Puxeiros y actualmente está ocupada por una nave industrial. El juez consideró probado que la superficie de unos 700 metros cuadrados pertenece a los comuneros porque figura dentro del perímetro del monte de Gorxal. Se amparó para ello en los informes periciales y en las declaraciones de los vecinos que fueron como testigos al juicio. La administración local la reclamaba como suya porque en 1972 la obtuvo en una permuta con un particular.
Esta sentencia tiene un antecedente en la investigación penal de la que fue objeto el presidente de la comunidad de montes. Tras la compra del terreno, el representante comunal la permutó a la compañía Grucave.
Esta operación le valió una denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de administración desleal. La fiscala sostenía que se vulneró la normativa de comunidades de montes y se omitió que la consellería de Medio Rural no admitió dicha permuta. La fiscala jefe entendía que se hizo en contra de los intereses de la comunidad de montes, ya que se permutó un terreno de uso industrial por otro rústico.
La comunidad nivelará sus cuentas con los 238.000 euros que le debe el Concello