El TSXG ordena el derribo del Eroski de Ponteareas

El Concello urge la aprobación del Plan Xeral porque permitiría, aseguran, legalizar este hipermercado al que Nava Castro otorgó la licencia


Ponteareas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) requiere al Concello de Ponteareas la demolición del hipermercado Eroski, ubicado en la parroquia de Angoares, en el plazo máximo de un año. El tribunal exige al gobierno local que inicie los trámites antes de un mes y que mantenga informado al TSXG trimestralmente de las actuaciones que se realicen. En el caso de incumplimiento de las instrucciones dadas, los funcionarios responsables y el propio alcalde se enfrentarían a sanciones económicas. «El hipermercado se construyó en el año 2002 después de que el gobierno presidido por Nava Castro le otorgara licencia un mes antes de que la Xunta suspendiera las normas urbanísticas en vigor», defiende el Concello. La licencia fue recurrida por la administración autonómica y los tribunales la declararon nula por sentencia en el año 2008.

El hecho de que la obra se iniciara con licencia abre la posibilidad de que el Concello tenga que responder económicamente de los perjuicios que la demolición implicará para los propietarios, generando el riesgo para la administración local de indemnizaciones de elevada cuantía, advierten desde el gobierno local.

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado recientemente por los pleno y pendiente ahora únicamente del veredicto de la Xunta posibilitaría la legalización de la obra según el gobierno local. En el municipio hay másinstalaciones industriales y comerciales sobre las que pesan también órdenes administrativas y judiciales de demolición que solo se podrían evitarse a través de la aprobación del PXOM.

El alcalde Xosé Represas y la concejal Chus Garrote muestran su preocupación ante la decisión del TSXG y reclaman a la Xunta «celeridade na aprobación definitiva do PXOM para dar canto antes seguridade xurídica ás actividades industriais e comerciais. Só co novo PXOM poderemos evitar os graves prexuízos económicos que para a facenda municipal conlevarían as demolicións derivadas dos acordos ilegais que tomaron outros gobernos no seu momento».

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