Los 500 acreedores de Vulcano complican la liquidación

M. Sío / L.C. LLera VIGO / LA VOZ

VIGO

Oscar Vázquez

El juez amplia 15 días el plazo para informar del plan de cierre

04 sep 2019 . Actualizado a las 14:23 h.

El magistrado Sergio Burguillo, titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra con sede en Vigo, ha ampliado el plazo para liquidar el astillero Factorías Vulcano hasta el día 18.

El economista Emilio Rodríguez de Dios, administrador concursal del astillero pidió el lunes una prórroga para poder presentar la liquidación. El plazo acababa el día 3, aunque con el día de gracia terminaría hoy. Pero antes de que expirase el período legal, el liquidador presentó un escrito en el juzgado aludiendo a la complejidad del asunto y reclamando quince días más para poder presentar el documento.

El economista recuerda que la liquidación de factorías Vulcano es consecuencia del incumplimiento del convenio aprobado mediante sentencia del 27 de marzo del 2012, por lo que ha día de hoy han transcurrido más de siete años. «Los acreedores de la concursada a dicha fecha ascendían a una cifra cercana a 500 y las contingencias judiciales son muy importantes», asegura.

Ante esta circunstancia, previamente a formular y presentar ante el juzgado el plan de liquidación «se hace imprescindible actualizar el inventario de la masa activa y la lista de acreedores», señala el economista pontevedrés, que insiste en que «no cabe realizar un plan de liquidación sin saber previamente a quien hay que pagar y sus cuantías».

Además la clasificación de créditos de los acreedores dependerá de cuando se hayan devengado «lo que requiere un análisis minucioso del detalle de la deuda».

El liquidador informa al juzgado que la actualización de la información no depende solo de su trabajo sino de lo que tarden en responder las empresas a las cuales se le ha enviado una carta informándoles del proceso en marcha.

Emilio Rodríguez de Dios señala que la liquidación también resulta compleja por la actividad, que es la de un astillero «y su significativa influencia en el empleo y en la economía de la región y del sector». Por todos estos motivos, el liquidador, que aceptó el encargo el 11 de julio solicitó una prórroga que ha sido aprobada por el juzgado.