Cifra récord con seis desalojos de casas okupas en tres meses

Una de las expulsiones se paralizó porque en la casa, de grandes dimensiones y en la que residían una docena de intrusos, se encontraba una persona de avanzada edad que estaba enferma y en situación de vulnerabilidad y desprotección


vigo / la voz

La Oficina de Embargos y Notificaciones de Vigo realizó la cifra récord de seis desalojos de casas okupas en apenas tres meses. Entre enero y marzo solo realizó una ejecución de desahucios contra ocupantes desconocidos y, en el siguiente trimestre, se disparó el número a media docena. Una de las expulsiones se paralizó porque en la casa, de grandes dimensiones y en la que residían una docena de intrusos, se encontraba una persona de avanzada edad que estaba enferma y en situación de vulnerabilidad y desprotección, la cual no tenía dónde ir. El desalojo quedó aplazado y el juez acordó informar a los servicios sociales para que buscasen una solución habitacional y sanitaria al sintecho. El anciano no encajaba en el perfil del okupa sano y joven.

Los desalojos de casas okupas fueron realizados por distintas zonas de la ciudad: en el centro, en la Travesía de Vigo, en Teis y en el Carmen. Curiosamente, no hubo ninguno en el Barrio do Cura, en proceso de demolición. Algunas viviendas vacías que fueron ocupadas estaban en condiciones deplorables pero otras mantenían una buena limpieza y estado, aunque no fuese un lujo.

El hecho de que haya tantas expulsiones de okupas no tiene una explicación concreta, según indica el letrado judicial de la oficina de Embargos, Fernando Vázquez. El fenómeno parece ir en consonancia con el incremento de la presentación de demandas contra okupas en el primer trimestre del año en Galicia. Podría deberse a un interés de los dueños o las inmobiliarias por sacar al mercado las casas abandonadas pero el secretario no ha visto movimientos de este tipo.

Vázquez relativiza la importancia de las expulsiones de okupas ya que solo suponen el 4 % de los 169 desalojos realizados entre el 1 de abril y el 30 de junio.

En lo que va de año, se han realizado 338 lanzamientos (ejecuciones de desahucio) en viviendas, principalmente contra inquilinos morosos que no pagaban la renta de alquiler a su casero. Los restantes fueron contra hipotecados (raramente, por vivienda), que están bajando. La comisión judicial acudió a la casa con un cerrajero y cambió la cerradura.

Se duplican los lanzamientos

Los lanzamientos del primer semestre del año duplican los del mismo período del 2018, en el que solo se contabilizaron 141 casos. El crecimiento es del 139 % y los expertos de la oficina de Embargos lo atribuyen a que el año pasado hubo tres meses de parón por la huelga de funcionarios judiciales, en los que no se llevaron a cabo estas expulsiones.

La falta de coches eléctricos retrasa la entrega de notificaciones en el rural

Fuentes de la Oficina de Embargos lamentan que las entregas de las notificaciones judiciales a los residentes en las parroquias rurales y los pueblos de O Val Miñor se demoren varios días respecto al centro urbano de Vigo. La razón es que los funcionarios disponen de muy pocos servicios de coche eléctrico con chófer para que los transporten a los domicilios particulares a entregar los avisos del juez. Ante la falta de medios de transporte, los repartidores deben racionar los coches disponibles y van a cuentagotas a las parroquias del extrarradio y de los municipios del partido judicial (Nigrán, Baiona y Gondomar). En Vigo se desplazan a pie o en bus urbano. La solución para el área metropolitana sería poner más coches eléctricos al servicio de los repartidores judiciales.

«Se aplazaron expulsiones porque en pisos alquilados había parados con niños pequeños»

La oficina desalojó a más de 300 familias que vivían de alquiler en Vigo por impago en lo que va de año pero algunas ejecuciones de desahucio se pospusieron por razones humanitarias. «Hubo varios casos humanitarios en los que se aplazaron las expulsiones. Se trata de gente en el paro que tiene niños pequeños y no tiene donde meterse», indicó el letrado judicial Fernando Vázquez. La comisión judicial, cuando ve a una familia en una situación vulnerable, frena el desalojo y da un tiempo prudencial para que Servicios Sociales les busque un alojamiento alternativo.

La situación podría empeorar el próximo trimestre debido a la entrada en los últimos seis meses de 409 demandas por procedimiento verbal arrendaticio y contra la ocupación en precario presentados por los caseros contra sus inquilinos morosos. El año pasado, en el mismo período, solo hubo 292. Ahora, hay un 40 % más pero las demandas aún están en tramitación.

Embargos

La misma entidad realizó 223 embargos de bienes de morosos en los seis primeros meses del año. El resto los hacen los jueces en busca de bienes de los deudores que requisar. También avisan al registro de la propiedad para que anote que han sido intervenidos. La comisión judicial acude con el procurador a señalar las propiedades que van a subastar. Buscan lo más rentable como cuentas bancarias, dinero en efectivo en las cajas registradoras de las tiendas y comercios, inmuebles y fincas, así como coches en buen estado. Una vez incluso decomisaron un yate.

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