El tribunal Mercantil descarta que sea un asunto entre la concesionaria y la Administración
10 jun 2019 . Actualizado a las 21:42 h.La concesionaria de la autopista AP-9 no ha conseguido evitar que la Justicia continúe analizando si cometió o no un ejercicio de abuso contra los usuarios del vial al cobrar íntegra la tarifa de sus peajes durante la realización de las obras de ampliación del puente de Rande, pese a los atascos y minoración de velocidad que los trabajos conllevaron, según señala la demanda presentada de oficio por la Fiscalía. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha rechazado la petición de Audasa de abandonar la vía civil para juzgar dicho supuesto abuso, y derivarla a los tribunales de lo contencioso-administrativo como pedía la empresa gestora de la AP-9.
La Fiscalía mostró su oposición a la petición de la concesionaria alegando que «hay que distinguir claramente entre las relaciones de la concesionaria con la Administración y las relaciones entre la concesionaria y los usuarios de la autopista que gestiona, enmarcadas en el derecho privado». Audasa alegaba que el contrato de concesión otorgado por la Administración central no recoge ningún supuesto por el que deba rebajar las tarifas de los peajes, incluida la realización de obras, que la concesionaria alega en todo caso que originaron consecuencias mínimas en el tráfico a su paso por el puente.
El tribunal llega a apuntar que la concesionaria «parece que pretende sembrar dudas sobre las pretensiones de la demanda del fiscal», añadiendo que las reclamaciones colectivas son de «competencia exclusiva» de los juzgados mercantiles, por lo que desestima la declinatoria presentada por Audasa y le condena a las costas por este auto.