La Audiencia de Pontevedra sentenció que debía cumplir cinco años de cárcel por un delito continuado de prevaricación, junto a malversación y falsedad documental
15 may 2019 . Actualizado a las 22:51 h.El Supremo será quien determine si el funcionario acusado de enchufar a la cuñada de Carmela Silva debe cumplir los cinco años de condena por irregularidades en la contratación de una concesionaria muniicpal. La defensa de Francisco G.O., según recoge Efe, alega que se han conculcado garantías y derechos fundamentales de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva con respecto a su cliente.
La Audiencia de Pontevedra condenó el pasado febrero a Francisco G.O., por un delito continuado de prevaricación en concurso con los de malversación y falsedad documental, en relación con la contratación en una concesionaria de la cuñada de Carmela Silva, la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra.
Además de la pena de cárcel, le impuso también la inhabilitación absoluta cargos públicos de nueve años. En la sentencia también se recogía una condena de un año y medio de cárcel para Ramón C.A., gerente de la firma concesionaria Imesapi. En ambos casos se les aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
En la sentencia, se consideraba la contratación de la cuñada de Silva «una mera simulación o ficción», según explicaba la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra. Una simulación que atribuye a Francisco G.O., con la colaboración de Ramón C.A. al facilitar éste «la cobertura de su empresa», Imesapi, y la expedición de «unas facturas falsas para asegurar una retribución indebida» a Vanesa F. B.
El tribunal consideraba que el alto funcionario formó parte del plan por el que, a través de contratos menores, se aseguraba la adjudicación directa de las nuevas encuestas a Imesapi. Además, señalaba que era su responsabilidad que esos trabajos se concedieran por la vía de los contratos menores, así como la elección de Vanesa F.B.
Abunda en que la contratación de Vanesa F.B. «fue más que irregular» y que «no tenía más finalidad que beneficiar exclusivamente a la elegida».
La cuñada de Silva llegó a estar investigada en esta causa, al igual que el concejal de Participación Ciudadana de Vigo, Santos Héctor, aunque la instrucción sobreseyó las actuaciones respecto de ellos.
