El Supremo admite que teleoperadores de Vigo puedan atender las videollamadas

La sala descarta que la empresa haga videovigilancia a sus empleados de márketing con las cámaras webcam que instala en sus puestos de televenta

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VIGO / LA VOZ

 La sala cuarta de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que considera lícita la cláusula de un contrato de una empresa de contact-center en la que el trabajador presta consentimiento para el uso de su imagen en la actividad de videollamadas para telemárketing, entre los que se encuentra un centro de Vigo. El Supremo revoca así una sentencia de la Audiencia Nacional que dio la razón a CGT respecto al derecho de imagen de los teleoperadores de ventas que contestan videollamadas en sus call-centers. En concreto, se trata de una empresa que tiene un centro de trabajo en Vigo, así como en Madrid, Gijón, Barcelona y Valencia, donde prestan aproximadamente servicios 6000 trabajadores. Los sindicatos consideraron que una cláusula del contrato les obligaba a los empleados a admitir la videovigilancia de su trabajo mediante webcams instaladas en su puesto. 

Inicialmente, la Audiencia Nacional anuló la cláusula por violar el derecho a la propia imagen del empleado, y entendió que el consentimiento se debía pedir expresamente cuando el afectado fuese a ser empleado en trabajos de videollamada. El Supremo, por contra, entiende que las videollamadas se justifican cuando ello sea necesario para la prestación de un mejor servicio o por exigencias del cliente. Por lo tanto, ven que la cláusula es lícita y no abusiva.

«No nos encontramos ante un supuesto de videovigilancia, sino ante videollamadas en las que quien llama, gracias a una cámara webcam que instala la empresa, ve a quien le atiende y conversa con su interlocutor. Ese es el dato que se le cede y facilita, pero que luego no puede tratar haciendo una grabación y otras operaciones», afirma el Supremo.

Añade que cuando la empresa realiza actividades promocionales utilizando la imagen de sus empleados les solicita una autorización específica. «Lo que es lógico porque se trata de actividades distintas pues no es lo mismo promocionar o publicitar un producto en una campaña que atender a clientes dándoles información de un producto que facilite su venta por teléfono», recalca.

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