Los desahucios a dueños de negocios se disparan por impago del alquiler

La mayoría de los desalojados regentaban restaurantes y bares que se fueron a pique


VIGO / LA VOZ

Una quinta parte de los desalojos de morosos desde enero fueron realizados a dueños de negocios que no pagaron el alquiler del local de su establecimiento. Mayoritariamente, los empresarios desahuciados en el último trimestre son hosteleros que regentaban bares y restaurantes y que les fue mal, por lo que se quedaron sin liquidez para continuar pagando la renta a su casero y el juzgado tuvo que echarlos. La comisión judicial acude luego a cambiar la cerradura del local.

Esta quiebra de cafeterías no castigó a ningún barrio en concreto sino que se registraron por toda la ciudad. Así lo indicaron ayer fuentes del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, órgano judicial encargado de ejecutar los desahucios.

Aunque predominan los hosteleros, otra parte de los empresarios desalojados fueron tiendas de ropa, zapaterías y oficinas de actividades diversas que suelen ocupar las entreplantas. Según Embargos, hubo «bastantes» negocios que fueron mal entre enero y abril de este año, situación que no era tan frecuente antes.

De cada diez desahuciados en el último trimestre, el 22 % son empresarios, el 44 % hipotecados y otro 44 % inquilinos morosos que no pagan el alquiler de su casa. «Los desalojos por hipotecas bajaron mucho con respecto a los años del bum inmobiliario. Tenemos alguna expulsión en viviendas hipotecadas en las que aún estaba el antiguo propietario pero se le dan prórrogas para marcharse y no son muchos». Al llegar la comisión judicial, «las casas están vacías, algunos entregan las llaves el último día». En general, las expulsiones de hipotecados se refieren más a garajes, naves, comercios o chalés.

Respecto a los inquilinos, Embargos llamó a Servicios Sociales este trimestre para buscar una solución a personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Una razón del aumento de los desalojos de negocios por impago de la renta es que en los últimos tres meses se han registrado el doble de lanzamientos (ejecución de desahucios por vía judicial) que hace un año. En el primer trimestre del 2018, se contabilizaron solo 100 pero ahora son 192. La oficina de Embargos atribuye la subida a que aún sigue despachando el trabajo atrasado por la huelga de funcionarios judiciales en tres meses del 2018. «Llegaron muchos después de agosto», dicen en la oficina.

El aumento de lanzamientos, en general, parece ser la tendencia al alza. Entre octubre y diciembre del 2018, se realizaron 141 ejecuciones de desahucios pero, de enero a abril de este año, se disparó a 192, más de un 36 %. La explicación radica en que la oficina de Embargo recibió el mismo número de expedientes, 168, en un trimestre como en el siguiente, pero tramitó menos desahucios durante las vacaciones navideñas del personal y ahora se está retomando el ritmo de trabajo.

Respecto a los embargos de bienes de mororos realizados por esta oficina, hubo cien entre enero y abril, más que los registrados hace un año (83).

Justicia de dos velocidades: centro y extrarradio

Para la Justicia no es lo mismo vivir en el centro de Vigo que en los barrios del extrarradio o en los municipios de la comarca. Las notificaciones de los jueces van más lentas si el interesado reside en parroquias alejadas como Teis, Cabral, Valadares, Candeán o Coruxo o incluso en Nigrán, Baiona o Gondomar, que también pertenecen al partido judicial de Vigo. Mientras un vecino del centro de Vigo puede recibir una carta del juez en uno o dos días, los del extrarradio tienen que esperar cinco días. Este desfase es lo que algunos letrados judiciales ya han bautizado como la Justicia de dos velocidades, una para el centro urbano y otra para las parroquias.

La razón de esta disparidad a la hora de entregar cartas judiciales es que la Oficina de Notificaciones y Embargos, enclavada en un edificio rehabilitado de A Ferrería, solo dispone de dos coches oficiales para trasladar a su veintena de funcionarios que entregan los escritos del juzgado a los ciudadanos. Aquí se incluyen órdenes, notificaciones de embargos, o citaciones para ir a testificar a un juicio.

Si los afectados residen en el centro de la ciudad, los empleados judiciales pueden trasladarse a pie o en el autobús de Vitrasa a notificar los escritos y mandatos. Pero si la entrega es en la periferia, solo pueden ir en el coche eléctrico oficial, que dispone de chófer. Ir en bus sería poco viable debido a la dispersión de la población. Harían una o dos entregas en una mañana.

El problema surge porque dos coches oficiales son insuficientes para cubrir las parroquias viguesas y la comarca de O Val Miñor. Por ello, las entregas se retrasan con respecto al centro. Algunos opinan que la Xunta debería facilitar más coches a Embargos.

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