Urbanismo ordena derribar un edificio de 10 plantas en Rosalía

alejandro martínez VIGO / LA VOZ

VIGO

XOAN CARLOS GIL

El inmueble excede en altura y tiene una licencia caducada

01 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha ordenado la demolición del edificio inacabado de 10 plantas que ocupa el número 53 de la calle Rosalía de Castro. Los informes técnicos concluyen que la edificación es ilegalizable y han dado un plazo de tres meses al propietario para que presente un proyecto técnico de derribo. En caso de incumplimiento, el Concello procederá a la ejecución forzosa con la ejecución subsidiaria a cuenta del interesado, o bien con la imposición de multas coercitivas mensuales de 1.000 a 10.000 euros.

El Concello inició hace un año un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística por la ejecución de obras de un edificio de viviendas sin acabar, con licencia caducada y compuesto por dos sótanos para garaje, plana baja y entreplanta porticadas y 9 plantas para 13 viviendas y un apartamento.

La propietaria del inmueble es la empresa Construcciones Grial, que ha visto desestimadas las alegaciones que presentó en el Concello para salvar la obra. Esta entidad pretendía que el Ayuntamiento llevase a cabo una modificación puntual del planeamiento para poder legalizar la obra. El antecedente es un conflicto civil entre particulares que desembocó en una condena a la constructora para agotar todas las posibilidades de intentar regularizar el edificio.

Irregularidades

El inmueble incumple con las alineaciones y además fue construido con un exceso de altura, puesto que en ese espacio solo podrían levantarse inmuebles de hasta siete pisos, equivalente a 21 metros.

El arquitecto municipal informó de que no existió ninguna solicitud formal de modificación puntual del planteamiento sobre dicha parcela. No obstante, apuntaba que le correspondería al Concello de Vigo la iniciativa de tramitar dicha modificación.

«Non existe fundamento que xustifique a omisión que conlevaría por parte desta Administración, deixar de realizar o seu deber legal de adoptar as medidas tendentes a restaurar a orde urbanística vulnerada, como se pretende neste caso», expresa el informe del arquitecto.