¿Por qué el PP tiene que pagar una fianza de 12.000 euros en el caso Marisquiño?

La Fiscalía defiende el depósito que deben hacer el partido y Xuntos si quieren tomar parte en una causa en la que aún «no está acreditada la naturaleza grave, menos grave o leve» de las responsabilidades


Vigo

El Ministerio Fiscal considera que 12.000 euros es una cantidad «proporcionada y ponderada» como fianza a las dimensiones del PP para que dicho partido sea admitido como acusación particular en la causa abierta por el accidente de O Marisquiño en Vigo. La Fiscalía ha impugnado así el recurso que tanto el PP como la organización Xuntos presentaron contra la fijación de tal cantidad como depósito previo a modo de garantía de buena fe para admitir su personación en la tramitación de una causa que cuenta con 467 heridos, la implicación de diversas administraciones y la empresa encargada de organizar el mayor festival de deportes urbanos de España y sur de Europa.

Pero, ¿por qué 12.000 euros, y no 6.000 como ocurrió en otros casos como la Patos o el supuesto enchufe de la cuñada de Carmela Silva? El Ministerio Fiscal toma como ejemplo el caso de la querella de Vox contra la ministra de Justicia por supuestamente «denegar auxilio» al juez Pablo Llarena en Bélgica en la demanda civil presentada contra el magistrado en Bélgica por el expresidente de la Generalit, Carles Puigdemont, y varios exconsejeros de su Gobierno. En dicho asunto el Tribunal Supremo impuso al partido ultra una fianza exactamente de 12.000 euros para admitir la querella y tomar a Vox como acusación particular en el caso que al final la sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó no admitir a trámite y, por tanto, archivar la querella presentada por el partido de Santiago Abascal. 

En el caso de Vigo, la Fiscalía mantiene que el PP «es un partido consolidado con reconocida solvencia» como para poder depositar los 12.000 euros reclamados, cuantía que la formación conservadora recurrió. 

Similares consideraciones hace el Ministerio Fiscal para responder idéntico recurso presentado por la asociación Xuntos, a la que también se le imponen 12.000 euros de fianza para poder tomar parte en la instrucción del proceso y el ulterior juicio, si se celebra. En ese caso, el escrito fiscal estima que la organización que ya se presentó como acusación particular en casos contra el gobierno municipal vigués de presunta corrupción, «es una asociación con cierta antigüedad que ha intervenido ya en numerosos procesos penales debidamente representada con procurador y asistida por letrado». Viene a subrayar así la cierta preparación y profesionalidad de Xuntos como acusación pública. En su caso concreto defiende la ponderación de los 12.000 euros exigidos por ser la misma cantidad que se ha exigido en causas de trascendencia mediática a organizaciones como Sanidad en la Justicia.

Más allá de la cuantía de las fianzas exigidas, la Fiscalía señala que estas no deben de impedir a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso «negándole así su derecho a la tutela judicial efectiva». Pero advierte el escrito fiscal que en el caso de O Marisquiño que a la espera de dictamen pericial aún «no puede determinarse su naturaleza pública, semipública o privada, incluso su naturaleza meramente civil», dice el Ministerio Público, recordando la posibilidad de que el accidente no se visto por ninguna instancia judicial penal.

Añade el escrito en el que se opone a rebajar la fianza a PP y a Xuntos, que «resulta obvio la trascendencia para la causa de posibles perjudicados» directos por el siniestro del pasado verano, «pero no la trascendencia que para la causa pública tiene el acceso de acusaciones populares».

Y va más allá la fiscal al subrayar que la de O Marisquiño «por el momento no está acreditada la naturaleza grave o menos grave, incluso leve de la negligencia presumíblemente cometida» y por tanto no se podría, a su criterio, determinar la legitimidad de la personación pública. Especifica finalmente la Fiscalía, que en la causa del accidente «se dilucida la responsabilidad de la Administración por lesiones a perjudicados».

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