Dos informes periciales son clave para avanzar en el caso de O Marisquiño

E. V. PITA VIGO / LA VOZ

VIGO

Oscar Vázquez

La investigación judicial avanzará después de Reyes una vez que se conozcan oficialmente las causas del accidente

03 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

La investigación judicial del accidente de O Marisquiño se relanzará después de las vacaciones navideñas. Todo apunta a que los informes sobre las causas del hundimiento del pantalán del muelle del Náutico llegarán después de la fiesta de Reyes al Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo. El parón vacacional ha mermado la plantilla operativa, por lo que se auguran algunas semanas de espera y tramitación.

Dos peritos designados por el tribunal investigan desde hace meses las razones por las que se desplomó el soporte de madera sobre el que cientos de jóvenes escuchaban un concierto y saltaban. Hubo más de 460 contusionados, algunos graves que requirieron hospitalización. Varias teorías se manejan desde el principio para explicar por qué se derrumbó la pasarela marítima. Por un lado, tras una primera inspección, aparecieron desperfectos estructurales en los pilares de hormigón que sustentaban el paseo de madera y que, inicialmente, se atribuyeron a la erosión del mar. Por otro lado, se apuntó a un excesivo peso sobre los tablones, por el hecho de que había cientos de espectadores saltando encima. Otro dato clave es que el paseo se agrietó y resquebrajó por la mitad y se hundió. Al hacer una especie de rampa, el público se deslizó por el lateral como si fuese un tobogán para caer en el mar. La suerte fue que esa noche había marea baja y nadie murió ahogado ni aplastado por el peso. El rescate llevó varias horas.

Actualmente, ya superan el centenar los lesionados que fueron al juzgado a ratificarse en su denuncia contra el responsable, el cual todavía no ha sido señalado judicialmente.

El PP: «A negativa do Concello a facilitar documentos é un desprezo ao Parlamento»

La negativa del Concello de Vigo a facilitar documentación a la comisión parlamentaria que investiga el accidente de O Marisquiño ha suscitado reacciones de repulsa tanto en el BNG, que impulsó la creación de la mesa, como en el PP, que se abstuvo. El Concello alega que la comisión carece de potestad para investigar a un órgano local que es independiente de la Xunta.

El diputado del Grupo Popular Alberto Pazos criticó ayer al Concello por su «desprezo absoluto ao Parlamento» y por su «falta de lealdade institucional». Califica al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de «obstruccionista» porque durante meses aseguró que estaba cumpliendo todas las obligaciones legales pero luego se negó a dar cuenta al Parlamento.

Pazos reprocha al Concello que hubiese comunicado su negativa a la prensa en vez de notificarlo al órgano institucional. Advirtió que la comisión «continuará os seus traballos ao amparo dos informes dos letrados da Cámara».

El PP avisa de que «defenderemos ata as últimas consecuencias a dignidade do Parlamento coas medidas legais que procedan, incluídas aquelas de carácter penal previstas», dijo. Se pregunta por qué al alcalde no le interesa que todos los vigueses conozcan la verdad si dice no tener nada que ocultar.

«Dinamitar» la investigación

El candidato a la alcaldía del BNG, Xabier P. Iglesias, entonó un «nunca máis» y calificó de «intolerábel» la negativa del Concello y de Puertos del Estado de informar a la comisión parlamentaria. «A cidadanía merece saber que pasou para que non se repita nun futuro», afirmó ayer. Sospecha que las administraciones implicadas (incluida Zona Franca) están poniendo «trabas» a la investigación. Ve una «falta de cooperación» para esclarecer el accidente.

Sobre la negativa, Iglesias apunta que «é unha decisión indefendíbel e unha grave falta de respecto tanto ás vítimas como á cidadanía que ten dereito a saber que foi o que pasou».

Reprocha al Concello por «dinamitar» la investigación y bloquear el proceso en vez de colaborar. Pide que dejen de lado los colores partidistas para cooperar porque «teñen a obriga de facelo». Lamentó que las víctimas estén desatendidas y abandonadas por la Administración.