La inquilina, oriunda de Venezuela, tenía orden de abandonar el piso este miércoles, pero Cerberus congela la decisión para buscar soluciones
07 nov 2018 . Actualizado a las 11:48 h.Una inmigrante de Vigo con tres hijos ha frenado al nuevo amo del ladrillo en España.
Elisabeth Gómez, una inquilina venezolana y desempleada que sobrevive con una ayuda social de 432 euros y tiene tres hijos menores a su cargo logró paralizar ayer in extremis su desalojo, previsto para este miércoles. El dueño del piso es el mayor fondo inmobiliario de España, Cerberus Capital Investiment, con sede en Nueva York, que compró en octubre la cartera de inmuebles del BBVA, incluidos once pisos de una promotora de Vigo. El antiguo casero debía dinero al banco y el piso se traspasó a su gestora Anida, ahora Divarian (80 % del capital de Cerberus y 20 % de BBVA).
Según indicó Cerberus a La Voz, «Divarian nos confirma que tras revisar el caso con las Administraciones Públicas, parece que estas tienen voluntad de encontrar una solución habitacional alternativa y por ello se ha optado por suspender el lanzamiento temporalmente».
Aunque la ejecución del desahucio haya sido congelada, la familia no tiene dónde ir. No hay viviendas sociales disponibles en Vigo ni su área y la inquilina, con dos hijas de 15 y 12 años y un niño de 10, no logra que nadie le alquile por falta de aval. «Si el miércoles nos desahucian no tenemos otro sitio a dónde ir. Nadie me alquila. Todos los caseros piden nómina, aval, he caminado hasta O Porriño, por todos lados, y todos piden lo mismo. Y yo estoy en paro y tengo tres niños. Mis hijos están llorando, que no se quieren ir de aquí tan de repente ahora que están estudiando, intento ocultarles cómo está la situación. Jamás he vivido algo así. Que nos ayuden, por favor, lo que pedimos es una vivienda que podamos pagar para no dormir en la calle», dice entre sollozos Elisabeth Gómez.
El Concello de Vigo solo le ofrece pagarle el primer mes de renta si ella encuentra el alojamiento. Además, ella carece de 450 euros al mes para pagarlo después. Y la Xunta le brinda una casa de alquiler social en Vila de Cruces, a 131 kilómetros. Es la misma solución que otros desahuciados de Vigo rechazaron antes por su lejanía. «La Xunta me da una casa que queda lejísimos, nos están desterrando de todo», dice Gómez.
La Plataforma Antidesahucios de Tui-Vigo (PAH) reclamó una alternativa habitacional para esa familia venezolana. Su plan era concentrarse mañana ante el piso, en el número 150 de la calle Aragón, para protestar. «Estos fondos buitre venden pisos con gente dentro, con su vida. Desde Nueva York podrán ver las luces de Navidad de Caballero pero no les importa un pimiento que esta familia se quede en la calle», dice Alfredo Telmo, de la PAH.
Generalmente, si la comisión judicial de la Oficina de Notificaciones y Embargos de Vigo halla menores en el piso suspende la ejecución del desahucio al ver una situación de vulnerabilidad y alerta a los servicios sociales.
Elisabeth Gómez, hija de una canaria, cuenta que hace dos años y medio se afincó en España. Sus caseros eran dos hermanos promotores que alquilaron 11 pisos en el mismo edificio. Según cuenta, pagaba al mes 600 euros en negro y luego 300 en el portal, fuera del ángulo de la cámara, porque no había contrato. Para que nadie pensase que ella era una ocupa, puso el recibo del agua a su nombre. Como trabajaba para Fenosa, ayudó a diez inquilinos a darse de alta en la luz. Al recibir las cartas de desahucio todos se marcharon, salvo un cubano que vive en el ático y ella.
Gómez ya paralizó una vez el desahucio. «A mis vecinos les llegaron los avisos pero yo trabajaba y no tenía tiempo para mirar las cosas. Un día me llega la comisión de desalojo, me tocan a la puerta y me dicen que el piso está en desahucio. Les dije que yo no tenía notificación de nada», relató. La afectada fue al juzgado y paró el desahucio. Su abogado de oficio le avisó «desde el minuto uno» de que ya no había nada que hacer porque ya le habían venido dos desahucios previos. «Tengo tres hijos menores y tengo la situación crítica, pido ayuda y la PAH me ha dado el mayor apoyo, son los únicos han estado conmigo día con día, siempre pendientes», afirma.
La Xunta pidió la paralización y culpa al Concello de Vigo de no poner casas
La Xunta ya ha firmado la solicitud para paralizar el desalojo. La PAH informó al Instituto de que el primer intento de desalojo se remonta al 11 de julio, luego aplazado al 6 de septiembre y ahora al 7 de noviembre, para el que también solicitaron un nuevo aplazamiento. Añade que el IGVS y la Consellería de Política Social, a través del programa Reconduce, están en contacto con la afectada y con la PAH de Vigo. La Xunta explicó que el desalojo no es por impago de la renta sino porque no hay contrato de alquiler. Añade que no hay viviendas disponibles en Vigo ni su área y que desde el 2015 recolocó a 50 familias (hipotecados, inquilinos, maltratadas o pobreza extrema). Culpa al Concello de no adherirse a este programa para dar el bono de alquiler social.