La Comisaría de Vigo recibe más de medio centenar de denuncias de afectados por el derrumbe
VIGO
Una semana después del accidente, la cifra total de heridos es de 460 personas
20 ago 2018 . Actualizado a las 14:56 h.La Comisaría de Policía Nacional de Vigo ha recibido, hasta el momento, más de medio centenar de denuncias de personas afectadas por el derrumbe de un muelle en el que se estaba celebrando el concierto de cierre del festival O Marisquiño.
Una semana después del accidente, en el que resultaron heridas más de 460 personas, la Comisaría ha tramitado un total de 52 denuncias, a las que habrá que sumar las que se están presentando en sede judicial.
La investigación de los hechos corre a cargo del juzgado de instrucción número 3 de la ciudad de Vigo y, por el momento, se sigue por un supuesto delito de lesiones imprudentes. La magistrada que dirige esta causa ha decidido, en aras de agilizar la tramitación, abrir piezas separadas por cada una de las víctimas del siniestro.
La magistrada ha ordenado ya la realización de diversas diligencias, entre ellas, la elaboración y entrega de informes periciales sobre la situación de la estructura que colapsó. Asimismo, la organización del festival ha depositado en el juzgado el Plan de Autoprotección del evento, y tanto Puerto como Ayuntamiento se han puesto a disposición de la Justicia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
No obstante, el derrumbe del muelle se ha convertido, desde el momento en que se produjo, en arma política arrojadiza, fundamentalmente, entre el Ayuntamiento, el Puerto e incluso la Xunta de Galicia.
Mientras la administración gallega y el PP sostienen que el Ayuntamiento es el responsable de haber dado la autorización para la celebración del evento y, por tanto, de haber comprobado que el espacio era seguro; el gobierno local insiste en que la parte derrumbada es una estructura cuyo mantenimiento correspondía al Puerto, ya que es zona de uso portuario náutico-deportivo.
Asimismo, la Autoridad Portuaria presidida por Enrique López Veiga, que inicialmente reconoció que el derrumbe pudo deberse a un fallo estructural, se ha sumado a la tesis de que el Ayuntamiento debía encargarse del mantenimiento de esa parte del muelle, en virtud de un convenio firmado en 1992.