Deniegan 250.000 euros a un vigués que reclamó al seguro de vida sin avisar de su enfermedad
VIGO
Padecía una dolencia mental y sabía que lo iban a declarar inválido
15 jul 2018 . Actualizado a las 15:46 h.El Tribunal Supremo ha denegado a un vigués su pretensión de cobrar un seguro de vida de 250.000 euros porque no avisó a su aseguradora de Bilbao, antes de suscribir la póliza en el 2010, de que padecía una enfermedad mental por la cual ya sabía que lo iban a declarar inválido. Según el Supremo, el asegurado llevó a juicio a su compañía para exigirle tal suma poco después de que la Seguridad Social le reconociese una invalidez permanente absoluta. Alegaba que su seguro de vida cubría la incapacidad por cualquier causa. Tanto un juez de Bilbao como la Audiencia de Vizcaya, donde tiene sede la aseguradora, desestimaron su pretensión porque el demandante, años antes de suscribir su seguro, padecía una enfermedad mental que fue la que finalmente determinó su incapacidad. La aseguradora, antes de pagar el seguro de vida, desconfió y le colocó un detective al cliente.
El paciente fue examinado en el 2007 por un brote en el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Vigo y un año más tarde fue diagnosticado de una enfermedad mental y comenzó su tratamiento, por lo que estuvo de baja laboral durante 18 meses. Según el tribunal, si no obtuvo antes la declaración de incapacidad permanente absoluta fue porque no se presentó a la cita del tribunal médico. Luego siguió varios años más de baja, incluso cuando suscribió la póliza en el 2010, aunque él dice que allí no le entregaron para cubrir ningún cuestionario médico. En el 2011, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Pontevedra le declaró inválido para todo trabajo. Poco después, reclamó el dinero de su póliza a la aseguradora pero esta se negó porque había incumplido su deber de información.
El cliente llevó a su compañía a juicio, pero esta replicó que había contratado a una agencia de detectives y que habían descubierto que el paciente hizo trampas a la Seguridad Social. El informe de los detectives aseguraba que el asegurado había participado en una «trama fraudulenta dirigida a engañar al INSS» pues, tras agotar el máximo de baja laboral, decidió no acudir a la cita con el tribunal médico para así paralizar el proceso administrativo de incapacidad porque primero quería contratar un seguro de vida con cobertura de invalidez y obtener 250.000 euros.
En el 2014, el INSS de Pontevedra dio de baja al paciente por una incapacidad permanente absoluta, declaró que la había percibido «indebidamente» y lo obligó a devolver 116.188 euros que ya había cobrado de prestación. Consideraron que el implicado había cometido un alta fraudulenta al haber trabajado para una empresa mientras cobraba la invalidez. Incluso lo acusaron de cotizar para empresas ficticias. Tras varios recursos, logró revocar ese acuerdo y que Pontevedra le concediese una gran invalidez. El Supremo, no obstante, concluye que cuando él contrató el seguro faltó el elemento de azar, pues conocía la enfermedad.