La concesionaria del hospital pone cuatro pleitos al Sergas para cobrar más

La Xunta ya incrementó el canon anual en seis millones, hasta 74, por la inflación


Vigo / la voz

El Servizo Galego de Saúde libra una batalla en los tribunales contra la empresa que se llevó el mayor contrato de su historia. La concesionaria del Cunqueiro mantiene activos al menos cuatro contenciosos en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el Sergas para que le pague más, según recoge la empresa en sus cuentas anuales, a las que ha tenido acceso La Voz.

La concesionaria ha adoptado la estrategia de plantear contenciosos cada vez que tenga una discrepancia dineraria con la Administración. No es la primera vez que lo hace y abre la puerta a acudir más veces al juzgado. El Sergas siempre enmarca esos recursos dentro de la normalidad, aunque la relación con la única empresa privada que gestiona parte de un hospital público gallego es complicada.

El pleito de más trascendencia es el que solicita el reequilibro económico-financiero del contrato de concesión. La licitación del proyecto del hospital se hizo en el año 2010. La economía estaba en caída libre, pero todavía no se intuían lo que ocurrió después, con una contracción brutal de la construcción y del crédito bancario. La sociedad Novo Hospital -una unión de empresas que lidera Acciona y que también integran Puentes y Calzadas, Veolia y Concessia- logró una rentabilidad inferior a la prevista en el contrato.

La concesionaria reclama al Sergas que le dé más dinero para compensarlo. El Sergas no quiere. Entre otras cuestiones, ya amplió en quince meses el plazo de construcción (un 45 % de retraso) porque no tenía fondos, cuando la Xunta había acudido a la fórmula privada precisamente porque su principal bondad era acabar en tiempo y forma. No le impuso ninguna sanción. La concesionaria interpuso la demanda en el contencioso en enero.

Y eso que la Xunta ya le está pagando más que antes. La concesionaria cobra un canon anual por dos conceptos: la gestión de los servicios no clínicos del hospital y la devolución del dinero que costó construir el Cunqueiro, pues lo adelantó. En el 2016 el canon estaba calculado con precios del 2010 y ascendía a 67,87 millones de euros. Fue lo que la Xunta le pagó a la concesionaria. En el año 2017 esta sociedad ya logró que el Sergas actualizase los precios teniendo en cuenta la inflación hasta el año 2016 y le pagó 73,88 millones (IVA incluido). Son seis millones de euros de diferencia en un año.

El segundo asunto que enfrenta a las dos partes es la facturación de los años 2015 -los últimos tres meses, ya que solo cobra a partir de la apertura completa del hospital, a finales de septiembre- y 2016. La concesionaria reclama más dinero, ya que para esos dos ejercicios no se actualizó el IPC en el canon. También hay recurso contencioso.

El tercer asunto judicial es el mobiliario con el que se abrió el hospital. El Sergas cree que la concesionaria no gastó todo lo que estaba pactado. El aparataje médico no se incluye, solo las mesas, sillas, sillones, etc. El tema también está dirimiéndose en el TSXG.

El cuarto tema en disputa es el sistema informático de gestión de incidencias, que permite al personal del Sergas avisar a la concesionaria de que algo no funciona. Ese sistema sirve para que la Administración sancione a la concesionaria cuando algo no funciona correctamente, restando parte de lo que le paga. El Sergas dio la orden a la concesionaria de modificar la base de cálculo y, como no está de acuerdo, también llevó el asunto al Tribunal Superior.

Hasta aquí son los cuatro recursos que están judicializados. Pero hay más en camino. La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) impuso a la concesionaria que pague 3,6 millones de euros por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el mismo que se abona al firmar una hipoteca. La Atriga se lo ha reclamado a la concesionaria y esta considera que no le corresponde. El asunto se dirime de momento en la vía administrativa, que es obligatoria para acabar en los tribunales.

Está por ver si la estrategia da sus frutos. Con el Concello, la concesionaria consiguió que los jueces reconociesen que el hospital tiene derecho a la exención del IBI, de un millón al año. Lo que ha hecho el Ayuntamiento es cambiar la ordenanza para cobrárselo igual a partir de ahora.

Almuíña y Mosquera, a puerta cerrada

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, visitó ayer la unidad de radioterapia del Meixoeiro, que estrenó un sistema de radiocirugía. La gestiona la empresa pública Galaria, cuya gerente es la exconselleira Rocío Mosquera (izda.). El Sergas no convocó a los medios de comunicación, aunque sí envió una nota y esta imagen. Galaria mantiene un conflicto con el Chuvi por la integración de la resonancia magnética en el hospital. Rocío Mosquera todavía no ha dado ninguna explicación. Ayer tampoco pudo ser. Mosquera no ha comparecido ni una sola vez desde que en diciembre recaló en Galaria.

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