La defensa de los mancomuneros del monte Alba proponen anular pruebas del juicio

Alegan que la competencia para hacer el atestado correspondía al Seprona y no a la Policía Local de Vigo


Vigo

Esta mañana ha arrancado el juicio a tres mancomuneros de Valadares y un trabajador en beneficio de la comunidad que están acusados de colocar trampas en los senderos del monte Alba para obstaculizar el paso de ciclistas por sus tierras comunales. La defensa pidió la anulación del atestado de la Policía Local de Vigo al considerar que la competencia para investigar un accidente forestal correspondía al Seprona de la Guardia Civil.


Un joven deportista que pasaba por allí el 5 de septiembre  del 2014 colisionó con una piedra de grandes dimensiones colocada en medio de una pista forestal y la víctima sufrió lesiones que lo dejaron parapléjico de por vida. Por tal motivo, la Fiscalía acusa por un delito de lesiones por imprudencia grave.


La vista ha comenzado esta mañana en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel y 800.000 euros y la acusación particular la eleva a seis años.

El abogado del ciclista lesionado Diego Pérez presentó certificados de discapacidad, de su actividad previa y de su pertenencia a Cogami.

La defensa ve numerosas irregularidades formales en la toma de declaración del investigado de José C., por lo que piden la nulidad del atestado. También descarta que la mancomunidad Valadares sea una persona jurídica a la que se pueda imputar. Otro de los implicados, Raimundo, hacía trabajos en beneficio de la comunidad por orden judicial y cree que el responsable civil debe ser el Estado porque es el que asume las obligaciones y paga las prestaciones. Piden que se le dispense de acudir a todas las sesiones porque acaba de empezar a trabajar.

Otra defensa que pide la nulidad sostiene que, al tratarse de un accidente forestal, la competencia corresponde al Seprona de la Guardia Civil y no a la Policía Local de Vigo, que asumió el caso y redactó el atestado sin poder intervenir como policía judicial. La defensa sostiene que esas intervenciones sean nulas lo mismo que las escuchas telefónicas, que se adoptaron sin indicios que acompañasen esa medida. Argumenta que, desde el primer momento, la Policía Local acusó a los mancomuneros sin molestarse en buscar otros sospechosos ni abrir otras líneas de investigación.

La Fiscalía replica que hubo un control judicial desde el primer momento. También cree que el acusado que se quiere ausentar del juicio es una persona clave en el caso y los testigos podrían reconocerlo físicamente en la vista.


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