Montoro permitirá a los concellos gastar sus más de 480 millones de superávit

pablo gonzález / manu otero REDACCIÓN / LA VOZ

VIGO

cedida

Abel Caballero celebra la medida, pero asegura que será vigilante con su ejecución

27 feb 2018 . Actualizado a las 11:27 h.

Los municipios españoles y gallegos han sido claves en los sacrificios para salir de la crisis y ahora parece que finalmente se les va a reconocer ese esfuerzo. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, reclamó ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que autorice a los ayuntamientos con superávit que puedan reinvertir este saldo favorable en las necesidades de sus vecinos, algo que finalmente fue aceptado por el Gobierno, que al parecer ya tenía previsto abrir la mano ante el clamor procedente del mundo municipal, incluidos los alcaldes de su propio partido.

La demanda tenía tintes de ultimátum, pues el también alcalde de Vigo pretendía que el ministerio encontrara una solución para este problema en el plazo de dos semanas, dada la situación de parálisis inversora que sufren algunos municipios y la necesidad de tener un margen de tiempo para que se puedan reinvertir durante este ejercicio y el siguiente los 5.000 millones de superávit generados por las políticas de control del gasto hasta el 2017 en el Estado. En Galicia, el remanente de tesorería que puede utilizarse para gastos generales y que se ha acumulado hasta el 2016 -último año con liquidación presupuestaria de las haciendas locales- asciende a 481,792 millones de euros. Esta cifra no incluye por tanto lo que los concellos gallegos ahorraron el año pasado. Se trata de reinvertir este dinero que estaba congelado en sus cuentas bancarias en infraestructuras culturales, deportivas, educativas o de empleo, siempre y cuando se respeten las competencias municipales.

«Utilizaremos el superávit en inversiones en las ciudades. Es una buena noticia», dijo Caballero al término de la reunión, visiblemente satisfecho por que Montoro aceptara las demandas de los alcaldes. «Tengo una buena sensación, pero estaremos vigilantes, todo se tiene que concretar», dijo en referencia al compromiso del ministro para elaborar una norma mediante un real decreto que saldría publicado dentro de unos quince días. El ministro, no obstante, no se apeó de que la sostenibilidad financiera sea el concepto que continúe guiando estas inversiones, así como el marco competencial municipal.

Abel Caballero también recibió una respuesta positiva a las peticiones de negociar una nueva norma para el techo de gasto «que sea más racional» y para negociar una mayor cuota de reposición de empleos en aquellos municipios que cumplan con las normas de déficit, deuda y techo de gasto, cuestiones que se sustanciarán más adelante. En su momento, el presidente de la Fegamp llegó a decir que, si se aplica una quita a la deuda de las comunidades autónomas, exigirá un trato similar para aquellos municipios que están endeudados.

Un encuentro para limar el carácter reivindicativo de la reunión de hoy de unos 200 alcaldes

La reunión celebrada ayer en el Ministerio de Hacienda fue iniciativa del propio Cristóbal Montoro, que llamó a Caballero por teléfono pocas horas después de que la FEMP convocara una cumbre en su sede con varios centenares de alcaldes, precisamente para tratar el asunto del superávit y otras cuestiones que preocupan a los regidores españoles, sean del signo político que sean. Está claro que el Gobierno, con muchos frentes políticos abiertos, no deseaba abrir uno más en el ámbito municipal. Con un decreto exprés, Hacienda dejará que los municipios tengan un margen temporal suficiente para poder rentabilizar su buena gestión económica -los que la tengan- antes de las elecciones municipales del 2019. La reunión de hoy, gracias a la reacción de Montoro de la víspera, acabará siendo más informativa que reivindicativa.

El presidente de la FEMP suele recordar a menudo que las Administraciones locales son las únicas que han cumplido todos los requisitos económicos de Bruselas durante los últimos cinco años, de ahí que ahora exijan un trato acorde con su esfuerzo. No abogan por suprimir el techo de gasto, sino por aumentar el catálogo de actuaciones en las que pueden invertir.