La huelga indefinida paraliza juicios en los tribunales

La Audiencia suspendió la vista contra un supuesto timador por Internet pero el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo celebra con normalidad


Vigo

El inicio de la huelga indefinida en los tribunales ha comenzado de manera desigual en Vigo. Por un lado, la Audiencia Provincial suspendió la vista contra un supuesto timador que estafó a su novia por Internet. En cambio, el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo lleva toda la mañana celebrando un juicio por unas lesiones en una riña multitudinaria en el botellón del Náutico en el 2011 porque cuenta con personal suficiente que no está en huelga. 


En el caso del tercer tribunal de lo penal, los funcionarios de servicios mínimos no han atendido la sala porque ningún juicio era urgente o una causa con preso. 


En el número 1 de lo penal, la jueza y el letrado judicial estudian qué vistas pueden celebrar sin presencia de los ordenanzas, caso de las conformidades.


El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, que tiene servicios mínimos al igual que el juzgado de guardia, estaba atestado esta mañana con más de una decena de personas esperando su turno.


La diferencia con otras huelgas anteriores es que las puertas de los juzgados de primera instancia están ahora abiertas ya que, según fuentes sindicales, la Xunta colocó un funcionario de servicios mínimos en cada sala. Por ejemplo, en el Registro Civil en las últimas huelgas solo trabajaba un funcionario de servicios mínimos y ahora son cuatro.

No obstante, estos solo realizan tareas urgentes o asuntos relacionados con menores como la modificación de medidas en las custodias o la pensión de alimentos.


El portavoz de SPJUSO, Julio Bouza, calculó en un 95 % el seguimiento de la huelga en Vigo. Pablo Valeiras, de AXN-CUT, también valoró positivamente el seguimiento pese a los elevados servicios mínimos que, en su opinión, impuso la Xunta.


Al mediodía, los funcionarios en huelga se concentrarán en la puerta de los juzgados para protestar por lo que consideran una discriminación laboral y salarial respecto a otros compañeros de otras Comunidades Autónomas, con diferencias de complementos salariales autonómicos de 400 a 600 euros.



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