Solo fueron a trabajar 20 empleados voluntariamente de 360 y otros 25 cubrieron servicios mínimos
13 dic 2017 . Actualizado a las 13:40 h.Más de 200 funcionarios de Xustiza cortaron el tráfico en la plaza de América y la calle Coruña este mediodía en una manifestación para reclamar a la Xunta una igualdad salarial respecto a los empleados públicos de otras Comunidades Autónomas.
Los trabajadores secundaron la huelga en un 95 % en Vigo ya que solo fueron a trabajar 20 empleados de 360 de forma voluntaria y otros 25 se limitaron a cubrir servicios mínimos. De los 80 juicios programados solo se celebraron cuatro en el juzgado de lo penal 2, otro en la quinta sección de Audiencia y un sexto en el juzgado de lo social número 2 de Vigo. En este último caso, el juez tuvo que llamar al secretario de refuerzo para hacer una vista urgente con una abogada que venía de Madrid. En total, se cancelaron 74 juicios previstos para hoy a causa de la huelga.Más de una decena de juzgados cerraron sus puertas porque no fue a trabajar ningún funcionario.
La Audiencia elude la huelga de funcionarios y juzga a un constructor por falsear obras
Un promotor está acusado de certificar trabajos inexistentes en un edificio de A Guarda para liberar crédito de su banco
E.V.Pita
La quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha conseguido personal suficiente para eludir la huelga de funcionarios y ha celebrado esta mañana uno de los pocos juicios que no se suspendió en Vigo.
La vista se celebró contra el promotor de Oliver Casa, Eugenio G.S., el cual se enfrenta a dos años de cárcel por, supuestamente, falsificar la firma del arquitecto para certificar obras inexistentes y conseguir que el banco le continuase otorgando créditos del préstamo hipotecario de 1,5 millones para la construcción de un edificio de quince viviendas en el número 12 de la calle Oliva de A Guarda.
Una de las dos empresas acreedoras que ejercer la acusación particular eleva la petición de pena a 13 años de cárcel por falsedad, estafa y alzamiento de bienes o insolvencia punible. Sostienen que el implicado certificaba obras mendaces, falsificaba la firma del arquitecto para liberar anticipadamente el dinero del banco y lograr que el edificio inexistente sirviese como aval y garantía de préstamos. Incluso vendió los pisos a particulares. Los acreedores reclaman indemnizaciones que oscilan entre 69.000 y 250.000 euros.
El acusado alegó en el juicio que concertó un préstamo hipotecario en torno al 2004. Dijo que trabajaba con subcontratas y destinó parte del dinero del préstamo hipotecario, sobre medio millón, a comprar tres solares para el futuro edificio. El implicado añadió que el banco llamaba a una certificadora privada para que acreditase el avance de obras y sacase fotos y elaborase informes y «nosotros nos limitábamos a abrirle la puerta».
Recalcó que el banco decidía cómo se hacían los controles de volumen de edificación de obra y que si hubiese optado por la certificación de un arquitecto se habrían ahorrado dinero.
El sospechoso asegura que «no tengo ni idea» de cómo llegaron las supuestas certificaciones falsas al banco y negó haberlas hecho o encargar su elaboración. «Había más gente en contacto con el banco, en contabilidad decían que se enteraron por este procedimiento, no sé ni si llegó al banco ni cómo llegaron porque no tengo ni idea, ni sé quién puede tener interés en que lleguen», alegó.
Insistió en que al comprar tres solares, se registra y se paga, y hay que hacer una escritura de agrupación y volverla a registrar y segregar el trozo de calle donde está la calle y se vuelve a la notaría antes de empezar la excavación. Asegura que el medio millón del préstamo se destinó a eso. Luego, se hizo licencia de obra y comenzó con la excavación. Una empresa llamada Timsa, contratada por el banco, preparaba las certificaciones de obra. La acusación vio mucha coincidencia entre las certificaciones falsas y las del técnico de Timsa pero el implicado no las conocía y no pudo explicar por qué.
El abogado de un acreedor le recriminó que cobrase sueldos de 250.000 euros al año, lo que el implicado negó. Recalcó que la estructura del inmueble costó medio millón y la excavación costó más de cien mil euros. En cuanto a la obra ejecutada, dice que entregaba un pagaré a 90 días al proveedor pero la acusación le replicó que él sabía que el crédito ya estaba agotado. «A última hora, lo que falló fue la ampliación del crédito», señaló. Dijo que había que justificar un millón.