La jueza de la Patos archiva la causa contra Caballero y otras 22 personas

Decreta el sobreseimiento para 23 investigados y mantiene a Rafael Louzán como el único político en la causa

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Vigo

El juzgado de instrucción número 7 de Vigo ha dictado el sobreseimiento de la causa enmarcada en la Operación Patos sobre 23 personas que fueron investigadas. Entre ellos se encuentra el alcalde, Abel Caballero, la exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, y los politicos vigueses Isaura Abelairas, David Regades y José Manuel Figueroa.

El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, es el único político que continúa siendo investigado dentro de esta presunta trama corrupta de regalos y favores a cambio de adjudicaciones de obras que tiene su epicentro en la empresa Eiriña.

La jueza ha aceptado el informe que el fiscal emitió el pasado mes de julio al no observar indicios de conductas delictivas entre la mayor parte de los investigados. Tras una instrucción amplia con la práctica de de todas las diligencias que se consideraron procedentes, el resultado final es que el Ministerio Fiscal expuso en su informe que no se han podido corroborar los indicios que fueron apreciados inicialmente.  Entre otras razones, numerosos testigos no recordaban los hechos y algunos documentos desvirtuaban apreciaciones inicialmente alcanzadas de forma parcial durante las primeras fases de la investigación. La jueza señala además la inexistencia de otros documentos que permitiesen «apuntalar indicios inicialmente concurrentes respecto de hechos rotundamente negados por quienes eran investigados». 

El procedimiento se inicio a raíz de la información referida a Enrique Alonso Pais en su condición de representante de numerosas empresas, especialmente Eiriña, a quien le atribuía como una de sus funciones el conseguir concursos públicos con el consiguiente pago a políticos locales del Concello de Vigo y también provinciales. Ante estas manifestaciones de un testigo, se acordó encomendar la investigación de los hechos al grupo Udef de la Policía Nacional, así como la intervención de las comunicaciones telefónicas de las personas que a la luz de las investigaciones policiales, aparecían como potenciales implicados en los hechos de autos. También hubo registros en instituciones públicas como la Diputación de Pontevedra, los concellos de Vigo y de Nigrán o la sede de la Xunta en Vigo. 

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