Un bufete vigués prepara la demanda de 527 camioneros contra cinco fabricantes por inflar los precios
VIGO
Una marca de Múnich confiesa a un bufete vigués que se cometieron prácticas anticompetitivas aunque niega daños
16 ago 2017 . Actualizado a las 22:34 h.Una gran marca alemana de camiones y buses, con sede en Múnich, ha escrito al bufete vigués ABC para confesar que «en el pasado se cometieron conductas anticompetitivas en las que el [fabricante] ha sido parte». La empresa es una de las cinco investigadas por montar un cartel y pactar sobreprecios que para inflar en un 10 % el coste de un camión mayor de seis toneladas. Los letrados calculan que cada camionero afectado podrá reclamar una media de 10.000 euros de devolución por el dinero pagado de más.
El bufete ABC ya tramita 527 reclamaciones de camioneros de la provincia de Pontevedra. Se trata de autónomos, empresas de alimentación, derivados del cemento y otros. El despacho hace un llamamiento a pequeñas empresas y autónomos que no estén al corriente de estos sobrecostes investigados por la UE.
La carta del fabricante alemán llegó en contestación a una reclamación extrajudicial que realizó el equipo jurídico del grupo ABC. La misma petición se realizó a los otros cuatro fabricantes europeos. El cárcel estaba formado por Iveco, DAF, Daimler-Mercedes, Volvo-Renault y Man. Fueron multados por la Comisión Europea con 3.000 millones por obstruir la libre competencia en el sector durante una década.
El fabricante que escribió al despacho vigués es el único de los cinco que ha contestado. En todo caso, niega la existencia de daños indemnizables. En el comunicado, lamenta «sinceramente» que en el pasado, hasta el 2010, se cometieran conductas anticompetitivas en las que el [fabricante] haya sido parte. «Somos conscientes de nuestra responsabilidad para con nuestros clientes y, desde que las irregularidades fueron descubiertas, hemos adoptado medidas adicionales para asegurar que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir».
Finalmente, la marca recuerda que la fidelidad de sus clientes es extremadamente importante para ellos y espera seguir teniendo una relación de trabajo «sólida y duradera» en el futuro.
Los letrados de ABC están a la espera de que el resto de los fabricantes contesten a su reclamación extrajudicial. Buscan un acuerdo que evite ir a juicio. En todo caso, el despacho adoptará en septiembre las «medidas oportunas» para dar vía y solución «cuanto antes» a los casos de sus clientes en colaboración con los peritos que valoran los supuestos daños sufridos.
«Muchos aún desconocen al cártel»
El letrado que se va a personar en la causa es David Pérez. Trabajará con apoyo de otros abogados del grupo ABC, así como con los coordinadores jurídicos y bajo la dirección de Manuel Rivera.
Juristas del despacho han contactado con empresarios del sector del transporte en los últimos días y, según señalan fuentes cercanas a esta asesoría multidisciplinar, han descubierto que muchos «desconocían [la existencia] del cártel de fabricantes de camiones». Los afectados son compradores de vehículos o quienes lo alquilaron, entre otros.
Una de las exigencias para la demanda es que el sobreprecio ha de ser calculado por un perito en cada caso. Según las primera peritaciones realizadas para ABC, el sobrecoste para el consumidor habría ascendido al 10 %. Un camión adquirido por 100.000 euros tendría que haber costado solo 90.000 en un mercado de libre competencia.
Los letrados trabajan ahora con el planteamiento para justificar el valor del sobrecoste pero lo estiman en un 10 o 12 %. El montante de la reclamación se sitúa en 5,2 millones si se tiene en cuenta que la media que cada afectado quiere recuperar es de 10.000 euros.
En esencia, un cártel es un convenio secreto entre empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios para obtener el máximo beneficio posible para todos. El propio fundador de la economía, Adam Smith, advertía irónicamente en su libro La riqueza de las naciones que cuando varios comerciantes se reunían en corro en una fiesta generalmente acababan conspirando para subir los precios. En este caso, habrían sido las cinco marcas europeas dominantes del mercado las que durante años inflaron el valor de sus vehículos.
La Comisión Europea informó de la multa el 19 de julio del 2016. El afectado puede reclamar a lo largo de un año, aunque la legislación española y los tribunales europeos indican que el plazo empieza a contar cuando el perjudicado sabe qué daño ha sufrido.