El fiscal de la Patos pide llevar a juicio a Rafael Louzán y liberar al resto de los políticos

El expresidente de la Diputación deberá rendir cuentas por unas obras realizadas en el campo de fútbol de Moraña.


Vigo

La investigación judicial de la Operación Patos ha dado paso determinante con la reciente petición del fiscal de mantener la imputación Rafael Louzán y archivar la causa contra Abel Caballero, David Regades, Ángel Rivas, Isaura Abelairas, José Manuel Figueroa y Bravo Bosch. Al mismo tiempo también pide que el caso siga contra otros 13 investigados. 

De los 30 imputados en un primer momento, el único responsable político que queda en esa lista es el expresidente de la Diputación Provincial. El resto de los investigados son empresarios y técnicos de las administraciones investigadas. Entre ellos se encuentra Enrique Alonso Pais, constructor cerebro de la trama. Los políticos del Concello de Vigo, el exvicepresidente de la Diputación y la expresidenta de la delegación de la Xunta en Vigo fueron investigados por ejercer influencias y aceptar supuestos regalos que constaban en la documentación incautada a la empresa Eiriña, que ellos negaron rotundamente. 

El fiscal pide que se continúe el procedimiento contra Rafael Louzán al percibir indicios de prevaricación, falsedad documental y alteración de precios en las obras del campo de fútbol de Moraña. En este sentido, el representante del Ministerio Público pide continuar la tramitación de la causa y la apertura de una pieza separada contra Louzán, Enrique Alonso, su número dos en la empresa, un antiguo jefe de los servicios técnicos de la Diputación y otros dos empresarios.

«Nos produce consternación que salvo Rafael Louzan, los otros cerebros y colaboradores esenciales para que se produzcan estos hechos, que son los políticos, se vayan a escapar de unas responsabilidades penales, que conociendo el caso y sus contenidos, no tenemos ninguna duda les corresponden», ha valorado el portavoz de Xuntos, Carlos Armada. Esta agrupación estudiará el auto para decidir si es conveniente recurrirlo. Creen que aunque la fiscalía no haya encontrado suficiente prueba para encausar al resto de los políticos implicados, «la sociedad debe saber quiénes son y lo que han hecho, aunque no sean delitos penales según la fiscalía».

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