El juicio sobre la descapitalización de la firma de loza viguesa termina con un ataque de la Fiscalía a las tesis de la acusación particular y a la investigación del juez instructor
28 jun 2017 . Actualizado a las 18:51 h.El juicio por la supuesta descapitalización y desmembramiento de Álvarez entre 1991 y 1996 quedó visto para sentencia. En sus conclusiones, la Fiscalía se reafirmó en solicitar la prescripción del delito de alzamiento de bienes porque han transcurrido 21 años desde la denuncia y, además, aprovechó su intervención para atacar al juez instructor porque en su investigación no practicó pruebas clave para el caso como la realización de un informe pericial independiente sobre la situación financiera real de GEA. El fiscal también criticó las tesis de la acusación particular, que mantiene los cargos.
Por su parte, la defensa cargó las culpas en el Estado por haber incumplido sus compromisos para reflotar la empresa privatizada y deslegitimaron a los extrabajadores que mantienen la denuncia a través del grupo GOG porque, en realidad, el único perjudicado, estafado o engañado habría sido el propio INI, el cual no se querelló en su día. El abogado de uno de los directivos acusados pidió que la acusación particular pague las costas de la defensa si pierde el juicio.
En la última sesión del juicio, declararon varios consejeros de administración de GEA que, pese a su falta de memoria tras 20 años, aseguran que no fueron informados de las operaciones de expedición de talones y de hipoteca de Vanosa que son objeto de este proceso.
Un consejero de administración de GEA, Esteban Ceca, relató como testigo en la tercera sesión del juicio que «todos dimitimos progresivamente a partir de los cinco meses de entrar, a finales de 1991, porque el barco se hundía, la empresa era abiertamente inviable porque el INI lo vendió pero no se preocupó del reflotamiento. La compañía no valía el importe por el que se vendió, yo no lo hubiese pagado porque había que hacer un macroexpediente de regulación de empleo, sobraba personal y era necesario mucho dinero para hacer el despido colectivo».
Dicho consejero, que habló por videoconferencia fue llamado como testigo por la defensa, y dijo que ignoraba que la empresa viguesa fuese vendida a precio cero o que los nuevos dueños hubiesen emitido seis talones al portador por valor de 115 millones de pesetas de GEA para comprarse a sí mismos.
Otro consejero, Francisco Moreno, estuvo hasta uno o dos años en la empresa y luego dimitió por escrito «porque me dedicaba a otras actividades personales y me pareció incompatible». Tampoco fue informado el consejo de administración de los cheques ni de la venta por cero pesetas. Los que tenían que informar de los planes y proyectos de la sociedad eran los hermanos Jiménez, Orozco o Mata, que son los acusados en el juicio. La defensa replicó que el consejo no tenía porque hablar de la venta al INI, cuyas negociaciones fueron largas.
La jefa de riesgos de GEA, Dolores Santiago, contó que, tras la venta y la huelga, «nos empezaron a dejar de pagar». Dice que le debieron diez millones (60.000 euros) en salarios. Tampoco le consta que GEA emitiese facturas a favor de otras empresas de los nuevos dueños como Estrudesa. Lo que sí constata es que «se facturó a clientes que luego no pagaban» porque no se correspondían con operaciones verdaderas. Aunque ella aconsejó no atender esos pedidos, «mis jefes los firmaban igual porque ellos eran los dueños». Fue despedida en 1998 y todavía reclama 6.000 euros impagados de su indemnización.