El juicio ha comenzado hoy porque la acusación particular insiste en inculpar a los implicados mientras que los incriminados culpan al INI, a la Xunta y al «tiburón» Tatai.
26 jun 2017 . Actualizado a las 18:13 h.El fiscal ha retirado hoy su acusación contra los acusados de esconder bienes de la empresa ceramista GEA porque considera que el delito ha prescrito.
El juicio de GEA trata de un supuesto delito de alzamiento Alzamiento de bienes. Se debían sentar en el banquillo cuatro personas, aunque solo se presentaron dos, acusadas de solicitar un préstamo al Banco Exterior de España que, según señalaba el fiscal en el 2003, nunca devolvieron y de perjudicar con otras acciones a los acreedores de Grupo de Empresas Álvarez, que posteriormente fue declarada en suspensión de pagos. Se perdieron un millar de puestos de trabajo en una empresa que era la más importante del sector en España en los años 80.
El fiscal pedía inicialmente para cada uno tres años de prisión aunque en el juicio ha reconocido que ha prescrito el delito porque la tramitación del procedimiento se prolongó más allá de todo lo razonable y sin justificar por recursos interpuestos.
La vista durará cuatro días y ha comenzado esta mañana en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. El juicio se suspendió cinco veces desde enero del 2016. Los acusados son José Orozco, Mariano y Francisco Jiménez (que, en su calidad de abogados, se defienden el uno al otro), Vicente Mata (incriminado de estafa por la acusación particular) y Enrique Tatai (fugado desde hace dos años).
El conflicto legal se remonta a hace 26 años, cuando en 1991 el Instituto Nacional de Industria (INI) vendió por cien millones de pesetas (600.000 euros) la empresa GEA a una competidora andaluza. Cinco años después, los trabajadores interpusieron una denuncia al detectar una gestión sospechosa para descapitalizar la firma viguesa y trocearla. Debido a la dilación «inaudita» de la Justicia, el fiscal pidió al inicio del juicio la prescripción del delito investigado desde 1997. Recordó que la redacción del escrito fiscal se remonta al 2003 y, debido a los cambios de legislación, ha tenido que aplicarles el más favorable, lo que implica una prescripción pasados tres años de la última actuación. No obstante, el fiscal aclaró que la prescripción no afectaría a los delitos que propone la acusación particular (por estafa, apropiación indebida, alzamientos de bienes y derechos de los trabajadores) porque son agravados y no pierden validez hasta pasados diez años.
El delito se habría cometido en diciembre de 1993, con la compra de Vanosa, pero la fiscalía no presentó su escrito ni la querella hasta el 1997, por lo que transcurrieron más de tres años y el delito, según la ley actual, ya había prescrito entonces. A mayores, durante la tramitación, hubo paralizaciones del procedimiento de más de tres años. Pone como ejemplo que el juzgado ordenó la tasación de Vanosa en 1997 pero el documento con la valoración no se incorporó hasta el 2002. «Está manifiestamente prescrita», dijo el fiscal, que cedió su turno a la acusación particular.
Los abogados de la defensa se adhirieron a la petición del fiscal y pidió la nulidad del escrito de la acusación particular porque, entre otras cosas, introdujo a un «acusado fantasma» que no existe, «prueba de la confusión» del texto. Añade que incluso la jueza tuvo que advertirles que no estaban dirigiendo la acusación contra nadie por lo que, en su día, tuvieron que rehacer el escrito. También criticaron la presencia del Grupo de Opinión GEA (GOC), un colectivo de trabajadores «de denominación cambiante y del que desconocemos sus perjuicios», en el proceso. Otro letrado ve posible que se debiese aplicar la doctrina Botín y recordó que ni el INI ni GEA han acusado. Ven vulneración de derechos e incluso hay «cosa juzgada» porque en Madrid se sobreseyó una querella por estafa y alzamiento de bienes de la SEPI al ver «inexistencia de engaño».
A la vista acudieron una treintena de extrabajadores de GEA que fueron pesimistas con el juicio ya que no le ven mucha utilidad y consideran que el Instituto Nacional de Industria (INI) era el que tenía que haber estado sentado en el banquillo.
Los implicados alegaron que en aquella época el Estado estaba privatizando todo para cumplir los requisitos de la UE y que hicieron un pacto con el INI para comprar la empresa por un precio simbólico de 100 millones de pesetas aunque la deuda ascendía a 5.000 millones (oficialmente, solo 1.500). Culpan al INI y luego a la Xunta que ofreció un aval de no haber cumplido sus compromisos para ayudar a la empresa al borde de la quiebra. Aseguran que tenían un plan de viabilidad aunque el fiscal dice que él no lo ha visto y se pregunta por qué no lo llevaron al juicio. Algunos implicados también culpan al «tiburón» valenciano Tatai, ahora en fuga, por hacerse con el control y desmembrar la empresa y hundirla.