La concesionaria tiene abierto un expediente por falta muy grave que podría implicar una sanción de 210.000 euros
18 may 2017 . Actualizado a las 17:24 h.El delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, ha acusado hoy al alcalde, Abel Caballero, de «ponerse del lado de las multinacionales» cuando surge una situación de conflicto, como en el caso de las denuncias de usuarios contra Aqualia.
López Chaves se ha preguntado en rueda de prensa si el Ayuntamiento de Vigo ha «actuado» y si ha sancionado a Aqualia ante las diversas denuncias que le han sido trasladadas estos últimos años.
Ha abundado en que ante la «dejación de responsabilidades» por parte del Ayuntamiento, la Xunta, a través de Consumo, ha tramitado una denuncia de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVEC) que ha derivado en la incoación de un expediente por una falta muy grave que podría dar pie a una sanción de 210.000 euros.
Adicionalmente, Aqualia podría verse apartada durante cuatro años de toda subvención y contratación por parte de entidades públicas, según se recoge en la Ley de Consumo de Galicia.
El motivo de este expediente es que Aqualia no dispone de un teléfono gratuito de atención y para tramitar reclamaciones, ha detallado López Chaves, quien ha aclarado que si la empresa «rectifica», podría ver reducida su sanción a los 15.000 euros.
Ha recordado que ya hubo un caso similar en Galicia, concretamente con Repsol, en la que la empresa «sí rectificó» y habilitó una línea 900 de atención al consumidor.
Reclamaciones
El delegado de la Xunta en Vigo ha desglosado los datos de la oficina local del Instituto Gallego de Consumo, que en 2016 tramitó 3.987 denuncias, la mayoría relacionadas con empresas eléctricas, de telecomunicaciones y de suministro del gas.
Del total de denuncias, 2.411 se resolvieron por la vía del arbitraje, en tanto que otras 320 derivaron en sanciones por un monto global de 630.000 euros.
Entre las actuaciones más recientes de la oficina de Consumo, López Chaves ha destacado la sanción de 900 euros a un bar-cafetería de la zona de A Laxe por cobrar de más a turistas y las impuestas a Volkswagen por el fraude de las emisiones.
En este caso, fueron 200 las reclamaciones presentadas en toda Galicia y la cuantía de la sanción podría ascender a unos 40.000 euros por cada cliente.