Uno de los jefes en el 2006 alega que ya estaba fuera de la empresa cuando ocurrieron los hechos
21 mar 2017 . Actualizado a las 11:47 h.La quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha comenzado hoy el juicio contra dos exdirectivos de la promotora inmobiliaria Lanzamar SA, con sede en Vigo, por una supuesta estafa en una promoción de once viviendas en la finca de Santa Rita, en el número 54 de la céntrica calle de A Peregrina, en Pontevedra. Los acusados son el entonces director comercial Javier G.V. y el socio Rafael O.
El primer implicado se declaró inocente y se negó a aceptar un trato con la Fiscalía porque considera que el caso debe archivarse.
Supuestamente, vendieron sobre plano cuatro pisos por dos millones de euros a un matrimonio en el 2006 y tras cobrarles 709.000 euros de adelantos, nunca llegaron a construir la obra ni devolver el dinero.la Fiscalía pide dos años de cárcel por estafa y la devolución del dinero.
La acusación particular solicita una condena de 11 años de cárcel porque también incluye otros delitos como la falsificación documental. Los denunciantes sostienen que los dos implicados crearon una sociedad fantasma a la vez que dejaban entrar en concurso de acreedores a Lanzamar para engañar a los compradores.
Javier G.V., que trabajaba desde 1999 como director comercial y era representante del consejo de administración hasta octubre del 2006, alega que durante su gestión había obtenido la financiación para el banco, tenían las autorizaciones, las pólizas y la operación era viable. Después de ser despedido en enero del 2007, fue cuando ocurrieron los hechos, sobre los cuales él ya no tenía relación, según alega.
Javier V.G. reconoció en el juicio que participó en la reserva de venta de dichos pisos sobre plano siguiendo las instrucciones de su departamento jurídico. Eso incluía suscribir una póliza colectiva de seguros «que pasó todos los filtros». Indicó que consultaba la lista de precios de venta. Admitió que recogió los adelantos. «Empezó la demolición e incluso hubo líos con los colindantes por la demolición por temas de aguas y se tuvo que suspender. Aunque ya no era de mi incumbencia, sabía lo que ocurría después de mi marcha. Me fui de Lanzamar sin un solo papel», indicó. Ignora que los clientes enviasen un burófax cuatro meses después de su despido ni conoce de nada a la empresa que luego compró la finca. También admite que hubo problemas con la aseguradora ACC (luego sucedida por Zurich) para emitir las pólizas porque reclamaban más documentación imprescindible (como el informe del arquitecto, reformas de viviendas) pero insiste en que Lanzamar pidió que se hiciesen las pólizas individuales y, de hecho, se emitió una por un millón para uno de los clientes. Asegura que, tras su despido, «desconozco absolutamente todo» lo que pasó sobre el posterior concurso de acreedores, que fue declarado concurso culpable.