No hay duda: si pago por un trabajo 24 (millones de euros) y alguien ofrece reducir el precio a 17 (igualmente millones de euros), el resultado no puede ser otro que aceptar. Eso pensó el Concello y, como suele ocurrir en estos casos, el resultado ha sido que nadie cambia duros a cuatro pesetas, que se decía en el pleistoceno.
Acostumbrada como está la ciudad a disfrutar de zonas verdes bien cuidadas, una moda que se puso de ídem con la alcaldesa de mediados de la década pasada, el cambio ha sido apreciado por los ciudadanos. Lo de observar medianeras y jardines lucidos se ha transformado en la pena de contemplar rotondas secas y praderas semiabandonadas.
Este proceso degenerativo ha calado en la ciudadanía, convirtiéndose en lugar común de conversaciones vecinales. De nada sirve una calle humanizada si sus zonas verdes dan pena. Llegados a ese punto, el Concello no ha tenido otra que reconocer que algo no funciona y que piensa en rescindir el contrato.
Atrás quedan dos años de tramitación de un concurso que ha batido récords de conflictividad y con un pliego más estudiado que la constitución. En el proceso algo se hizo mal y, una vez judicializado, los vaivenes puede que no hayan hecho más que empezar. Mientras la titular a punto de abandonar la concesión cumple de aquella manera, a la espera de que llegue la nueva concesionaria, en el juzgado está presentada la denuncia de una tercera, con lo que todo puede ser. Y las decisiones judiciales que se produzcan pueden a su vez recurrirse.
Lo dicho, que hay ahorros que no compensan.