Ordena celebrar cuanto antes las pruebas de la convocatoria de los años 2010 y 2011
21 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El departamento de Personal ordenó días atrás la recuperación de las oposiciones de la oferta de empleo público correspondiente a los años 2010 y 2011. De esta forma, daba cumplimiento a la sentencia que acordaba su mantenimiento pese a haber transcurrido más de tres años desde la convocatoria de las plazas sin que se celebraran las pruebas. Concluye de esta forma el culebrón generado por unas oposiciones largamente aplazadas, algo que tiene en vilo a las 1.200 personas que se inscribieron en las pruebas, y que por ello llevan entre cinco y seis años esperando que se celebren.
Es la primera vez en la historia del Concello vigués que unas plazas se dilatan tanto tiempo. Un retraso que provocó la advertencia del Sindicato Independiente del Concello (SICO), ante la que el gobierno vigués optó por anular su celebración. No se atrevió a llevar a cabo las pruebas ante el riesgo de una reclamación posterior que hubiera podido anularlas, con el perjuicio que ello generaría a los opositores que hubiera obtenido plaza.
Sin embargo, el aviso del SICO, y la posterior anulación del gobierno local, fue respondido por un recurso ante el juzgado por parte del comité de personal del Concello, integrado por los demás sindicatos (UGT, CIG y CC OO). Además, el comité citó a los opositores a una reunión en el Concello para darles una explicación.
Transcurridos unos meses, en junio el juez falló que no había motivo para la suspensión y ordenó al Concello que siguiera adelante. Y como requisito, que en el plazo de un mes adoptara una decisión que dejara patente su interés en convocar las plazas. Ante ello, el departamento de Personal, siguiendo instrucciones del gobierno municipal, dictó una resolución en la que se retomaba la oferta pública de ambos años a partir del punto en el que quedaron suspendidas por el aviso del SICO.
Seis años de retraso
A partir de ahora todo depende de la voluntad de los responsables municipales, que durante varios meses insistieron en su deseo de cubrir las plazas con celeridad. Desde el lado de los opositores, el alivio es evidente, como uno de ellos ha reconocido a este periódico. «Realmente estamos un poco mareados después de tantos años, y no nos lo creeremos del todo hasta que veamos la convocatoria de las pruebas», explicó. En su caso, aspirando a un puesto de policía local, reconoce que por si acaso siguió preparando las pruebas físicas, algo que lleva haciendo desde el 2010.
Un tanto a favor de que se puedan celebrar cuanto antes es que el Concello no llegó a devolver los derechos de examen, la tasa económica que abonaron todos los que firmaron las oposiciones. Es una cantidad pequeña, casi 20 euros por plaza, que tras la suspensión se ordenó devolver. Para ello se publicaron anuncios pidiendo a los opositores que se personaran en el Concello para entregar los datos de una cuenta corriente. El aviso no llegó a todos, pero ni siquiera los que lo siguieron recibieron el dinero. Todo hace indicar que en Personal esperaron la sentencia final antes de dar la orden. Y como dio vía a las oposiciones, se evitó la pérdida de tiempo de volver ahora a reclamar el pago.
Compensaciones
Fuentes municipales reconocen que en el gobierno vigués se contaba con la anulación definitiva de las plazas suspendidas. Por ello, se había dado vía libre a la celebración de las oposiciones para cubrir 31 plazas igualmente pendientes de las ofertas de empleo de los años 2012 al 2015, que tampoco se habían celebrado. La instrucción del gobierno es que se celebraran con rapidez, a fin de que pudieran participar los 1.200 opositores frustrados.
Además, en abril de este año se convocaron 58 plazas correspondientes a la oferta del 2016, una segunda demostración de la preocupación del gobierno local por las pruebas suspendidas. Por tanto, si en lo que queda de año se celebran todas, entrarán en el Concello 146 trabajadores, más del 10 % de su plantilla actual, todo un cambio de tendencia tras años de sequía opositora..
Un conflicto sindical que pudo afectar a terceros sin vinculación
El SICO, conservador, es el principal sindicato del Concello desde hace una década. Entre 2007 y 2015 ocupó la presidencia y mantuvo buenas relaciones con el gobierno socialista, pero en noviembre pasado, tras las elecciones, fue desalojado al unirse los tres sindicatos de clase. Entonces denunció el retraso de las oposiciones y presionó para que se suspendieran, como así decidió el alcalde tras el correspondiente informe jurídico.
Fuentes del SICO aseguran que no buscaban suspenderlas, si no evitar un perjuicio mayor tras celebrarse si alguno de los opositores sin plaza hubiera forzado su anulación. Los demás sindicatos rechazan esta explicación y atribuyen lo ocurrido a una pataleta por su desalojo y el posterior encaje del nuevo comité con el gobierno local. Ahora, con sentencia firme, las oposiciones tienen vía libre para celebrarse.