En materia de refugiados, el Gobierno condena a los gallegos a una imagen que no merecemos. Porque, a la luz de las cifras, pudiéramos parecer un país insolidario, que nada quiere saber de las víctimas exiliadas de la guerra. Lo cual no es cierto. Nunca lo ha sido.
Los datos para la vergüenza los está provocando el actual Ejecutivo en funciones. Que, con su deliberada inacción, mantiene bloqueada la llegada a España de refugiados sirios. El objetivo, firmado en Bruselas, era acoger a 18.000 personas antes del final de 2017. La realidad es muy distinta: hasta julio, sólo han llegado 305. Hablamos de menos del 2 por ciento de lo comprometido.
En concreto, España firmó reubicar en su territorio a 16.000 refugiados que se encuentran ya en territorio europeo, de los cuales 9.323 están en Grecia. Otros 1.449 llegarían desde los países limítrofes a Siria y donde se concentra el grueso de los huidos de guerra, principalmente Turquía, Líbano y Jordania. Por ahora, la operación sigue paralizada.
Y eso que la cifra para España es muy reducida. Está lejísimos de los compromisos asumidos por Alemania o Francia. En la empobrecida Grecia, sólo en campos de refugiados se calcula que hay actualmente más de 70.000 personas.
Con estas estadísticas, pudiera parecer que vivimos en un país insolidario. Pero los hechos desmienten a las cifras que provoca la inacción del Gobierno. Porque, en el último año, se suceden las acciones de ayuda, los voluntarios que viajan a los campos, la recaudación de fondos y el ofrecimiento de colectivos y ayuntamientos para recibir a estos migrantes que huyen de la guerra.
En Galicia resulta especialmente injusto dar al mundo una imagen de insolidaridad con los refugiados. Cuando hace 25 años que funciona un programa especialmente dedicado a ellos y que ha movilizado a miles de familias del país. Se trata de Vacaciones en Paz, organizado por la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, que trae cada verano a cientos de niños desde los campos de refugiados de Tinduf, en el sur de Argelia.
Gracias a esta iniciativa, nacida en 1991, los niños pueden olvidar durante un par de meses sus terribles condiciones de vida en medio del desierto, sin acceso al agua corriente, sin una alimentación adecuada, con un precario sistema sanitario sólo sustentado con el esfuerzo de las ONGs, y subsistiendo, en fin, al margen de los mínimos derechos recogidos en la carta de la infancia.
Esos niños saharauis, no lo olvidemos, son refugiados. Su pueblo fue expulsado de su país tras la ocupación del Sáhara por Marruecos. Y malviven desde 1975 en la Hamada argelina, bajo el auspicio de la ONU, que por las presiones políticas de países como España ha sido incapaz en cuatro décadas de aplicar sus propias resoluciones: que exigen que se les devuelva la tierra de sus mayores.
Muchos de esos niños saharauis hablan gallego. Lo aprenden cuando pasan sus veranos en Galicia. También conocen lujos para ellos inconcebibles como una piscina o una bañera de agua caliente. O el mar, que en el país que les fue arrebatado bañaba sus ciudades. Por eso no podemos aceptar dar una imagen de insensibilidad con los refugiados. En Galicia, hay miles de familias solidarias que llevan 25 años acogiéndolos.
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