Les cobraba 4.000 euros por contratarlos en su gestoría para obtener el permiso de residencia pero luego los despedía
11 abr 2016 . Actualizado a las 11:30 h.El pensionista vigués Jorge S.P. ha aceptado esta mañana una condena de 2 años de cárcel por traficar ilegalmente con extranjeros, falsedad de documentos oficiales, imposición de condiciones perjudiciales a los trabajadores y estafa a 21 inmigrantes ilegales. El ahora condenado reclutaba a los candidatos en el consulado español de Senegal o en locutorios y les ofrecía contratos de trabajo ficticios para que obtuviesen el permiso de residencia en España a cambio de que le abonasen 4.000 euros de media.
El implicado, que dirigía una gestoría de Vigo que tenía a nombre de sus hijos, los contrataba como asesores de seguros en su oficina en la calle de Doctor Cadaval. Allí, permanecían inactivos y el jefe los daba de alta en la Seguridad Social pero, en cuanto obtenían el permiso, los despedía y se quedaban en situación de vulnerabilidad. El implicado actuó entre el 2004 y el 2008.
La vista de conformidad se ha celebrado esta mañana en la Quinta Sección de la Audiencia de Pobtevedra, con sede en Vigo. Inicialmente, la Fiscalía pedía 15 años de cárcel.
El implicado depositó en el juzgado 30.000 euros antes del juicio y se benefició con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño. El ingreso en prisión quedó suspendido a condición de que no delinca durante dos años.
Deberá indemnizar con unos 30.000 euros a 18 perjudicados.
Al tratarse de ofertas de trabajo ficticias, los inmigrantes tenían que buscar empleo por su cuenta para no perder el permiso y aceptaban salarios por debajo del mínimo interprofesional para pagar la deuda del viaje porque el implicado los amenazaba con expulsarlos del país si no lo hacían.
En otras ocasiones, una empresaria amiga de Chapela los contrataba como cargadores o en una firma de motos.
El implicado también se hacía pasar por abogado o guardia civil que se ofrecía a regularizar su situación en España aunque luego no tramitaba nada pese a cobrarles una cantidad por el servicio o bien los trabajadores vieron denegada su solicitud por el desconocimiento del idioma gallega o porque el trabajo no garantizaba una actividad continuada.