El concejal vigués Santos Héctor, calificado como «investigado» por el supuesto enchufe de la cuñada de Carmela Silva
VIGO
La jueza estima que una serie de contratos menores que contaron con la aprobación del edil y secretario general del PSOE de Pontevedra «tenían como verdadera función o finalidad, compensar» a una empresa por la contratación de la allegada de la ahora presidenta de la Diputación
18 ene 2016 . Actualizado a las 13:36 h.Santos Héctor Rodríguez, concejal socialista de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Vigo, ha sido declarado como «investigado» (nueva referencia judicial que sustituye al término imputado) por su suspuesta implicación en la contratación de una cuñada de la teniente de alcalde y ahora presidenta de la Diputación de Pontevefra, Carmela Silva.
En un auto de la magistrada María de Carmen García Campos, que también instruye el caso abierto por la operación Patos, se señala que en las actuaciones judiciales realizadas hasta ahora sobre el presunto enchufe de la allegada de la dirigente socialista en una concesionaria del Ayuntamiento de Vigo, revelarían que una serie de contratos menores realizados entre los años 2008 y 2013 «tenían como verdadera función o finalidad compensar a la empresa (que la contrató) por los costes derivados de la contratación como trabajadora de María Vanesa Falque Barral».
La declaración de investigado de Santos Héctor Rodríguez, que además de miembro del gobierno municipal de Abel Caballero es también secretario general del PSOE provincial de Pontevedra, se basa en que «en todos los casos» las contrataciones objeto de análisis judicial «se autorizaban y resolvían por el concejal correspondiente», es decir por el edil ahora implicado en el caso del supuesto enchufe.
Santos Héctor deberá declarar ante la jueza el próximo 23 de febrero, y se convierte en el tercer investigado, además de la propia cuñada de Carmela Silva, y el jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana del Concello de Vigo, Francisco Orúe, quien ya prestó declaración por un presunto delito continuado de prevaricación por los nueve contratos menores en favor de la concesionaria que contrató a Falque Barral.