La Xunta rompe relaciones con la comunidad de Cabral por no convocar elecciones

La actual directiva concluyó su mandato en junio, pero su presidente dice que la oposición bloquea el proceso electoral


vigo / la voz

La Consellería de Medio Rural ha comunicado a la directiva cesante de la Comunidad de Montes de Cabral que quedan rotas relaciones entre ambas instancias «ata que regule a súa situación no Servizo de Montes de Pontevedra». En el escrito en el que se lo notifica explica que la junta directiva finalizó su mandato el 19 de junio pasado, con lo que es de aplicación lo previsto en el reglamento que desarrolla la ley de montes vecinales en mano común.

En concreto, que «non se manterá relación administrativa por parte da Xunta de Galicia con comunidades sen certificación da lexitimidade de quen ostente a súa representación...», de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 del decreto 260/1992.

Esta declaración de la Xunta hace oficial la irregular situación en la que se encuentra esta comunidad de montes. Por su parte, el presidente de los comuneros, Luis Rodríguez, aseguró a este periódico que su deseo sería convocar elecciones cuanto antes «pero la oposición no me lo permite ya que judicializa las asambleas. Aunque ganamos, han recurrido a la Audiencia y estamos pendientes de la decisión final».

Esto ha ocurrido con las asambleas de diciembre del 2103 y julio del 2014, «en las que se incorporó como comuneros a más de 50 vecinos que reclamaron su entrada como comuneros».

Desde el lado contrario, la oposición asegura que fueron muchos más vecinos los que pidieron entrar y no fueron admitidos. Por ello acudieron a los tribunales y confían en ser escuchados. Según José Manuel Estévez «eran 170 los solicitantes y todos ellos reunían los requisitos». Rodríguez reconoce que fueron muchos más los peticionarios que los admitidos, precisando que quedaron fuera lo que no tenían derecho a entrar.

El enfrentamiento entre ambos sectores se debe a su respectiva posición sobre el macroproyecto comercial Porto Cabral, que para ejecutarse precisa hacerse con 300.000 metros cuadrados de monte comunal. La directiva lo apoyó desde el principio, pero surgió un potente grupo opositor que logró mayoría en varias asambleas. La situación se enconó hasta el punto de que ha producido una fuerte división en la parroquia a la espera del desenlace de un proyecto sobre el que el Concello guarda silencio.

Ambas partes han presentado denuncias judiciales contra los contrarios, situación que se mantiene en la actualidad. En una de ellas, los opositores cuestionaron la permuta de un terreno de la comunidad por otro privado, provocando la imputación del presidente y otro directivo.

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