La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo imputó ayer a 46 personas en la operación Patos, que investiga supuestos amaños de contratos y prebendas. La lista incluye a los máximos responsables políticos del Concello de Vigo, la delegación de la Xunta en esta ciudad y la Diputación de Pontevedra. El alcalde Abel Caballero, sus concejales Ángel Rivas, David Regades e Isaura Abelairas, la delegada autonómica María José Bravo Bosch y el expresidente y exvicepresidente provinciales del PP, Rafael Louzán y José Manuel Figueroa, tendrán que declarar asistidos por un abogado cuando los cite el juzgado.

La magistrada María del Carmen García Campos comparte los mismos razonamientos que señalaba el fiscal en su último informe para proceder a las nuevas imputaciones, que se suman a las cinco que había hasta la fecha. Al alcalde de Vigo le atribuye haber recibido de la empresa Eiriña en el año 2010 un reloj valorado en 1.750 euros. Su edil Ángel Rivas está imputado por presuntas contrataciones irregulares en plantaciones en la avenida Castelao, la ampliación del contrato de jardines del 2013, la concesión de obras menores a terceras personas por influencia de Enrique Alonso, la colocación de personal y la realización por parte de la empresa Cespa de pagos que le corresponderían al Concello. Otro edil, David Regades, deberá responder por actuaciones irregulares en una decena de obras municipales y también por la recepción de regalos.

A la delegada de la Xunta en Vigo se le atribuyen irregularidades en la concesión de un curso de formación a la empresa Aulatel, la recolocación laboral de uno de sus funcionarios, contratos de obrad irregulares y por su hipotética mediación en favor de Eiriña para lograr contratos de la Diputación.

Rafael Louzán tendrá que rendir cuentas en relación a supuestas irregularidades en contratos de campos de fútbol y otras obras provinciales. A José Manuel Figueroa se le relaciona con la supuesto amaño en la concesión del campo de fútbol de Coia. A ambos se les atribuye la recepción de regalos (en el caso de Louzán un reloj de 2.500 euros).

La lista se completa con empresarios y funcionarios por su posible participación activa en la trama de favores, de adjudicaciones amañadas, enchufes y pago de prebendas descubierta por la Policía Nacional tras dos años y medio de investigaciones. En total hay 51 imputados, de los que 34 se incluyen en la pieza principal de Vigo, 16 en la de Nigrán y uno en la de Santiago. En Nigrán, además del edil José Valverde, están imputados el jefe municipal de obras, la técnica local de empleo, cuatro funcionarios y trabajadores y empresarios que fueron adjudicatarios de obras y contratos.

El número de imputados podría aumentar a medida que los juzgados de Ourense, Ponteareas, Pontevedra y Santiago investiguen sus respectivas piezas. En estos ayuntamientos hay más políticos, funcionarios, empresarios y particulares que han sido objeto de escuchas telefónicas y de los que se han encontrado indicios delictivos en su relación con el constructor Alonso Pais.

La investigación de amaños sigue. La jueza pidió ayer expedientes de contratación de obras en Balaídos al Concello vigués e información sobre adjudicaciones del Consorcio del Casco Vello. Ordenó también a la Policía Judicial que averigüe sobre certificaciones presuntamente falsas de destrucción de productos pesqueros en la empresa Marfrío.

Los regalos de menos de 600 euros no serán investigados

En su auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha establecido «prudencialmente» en 600 euros el valor mínimo de los regalos a políticos y funcionarios para que su recepción constituya una infracción penal. No considera que aceptar obsequios de menor cuantía revista relevancia penal, aún pudiendo ser reprobable. Sin embargo, según su criterio y reconociendo «la dificultad que ello entraña», por encima de los 600 euros se supera «lo que podría considerarse meras atenciones amparadas en cierto modo por los usos sociales».

La investigación judicial deja libre de imputaciones a aquellos políticos o empleados de administraciones públicas que recibieron regalos de la empresa Eiriña con anterioridad al año 2009, por entender que los delitos ya habrían prescrito. En la lista de regalos navideños que aparece entre la documentación requisada figuran unos que eran considerados «especiales». Lo eran por su cuantía y los destinatarios, según las pesquisas policiales en el caso.

Por otra parte, la asociación Xuntos se ha presentado esta semana como acción popular en la causa de la operación Patos. La magistrada firmó ayer una providencia admitiendo este personamiento en calidad de acusación popular. Al mismo tiempo, impone el ingreso previo de una fianza de 6.000 euros para que la agrupación pueda acceder a las diligencias de investigación. Xuntos es una plataforma ciudadana que ya está personada en el caso del supuesto enchufe en el Concello de Vigo de la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra Carmela Silva y que también se distinguió en su momento por sus acusaciones sobre los posibles enchufes en la empresa Cespa.

El exalcalde de Nigrán queda fuera de sospecha

La relación de personas imputables que la Fiscalía entregó el pasado lunes a la jueza incluía también al anterior alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, y el secretario general de este Ayuntamiento, Julio César Doallo. Sin embargo, la jueza no los ha incluido en la lista al considerar nula su participación en los hechos investigados. Respecto al anterior alcalde del PP, la magistrada no advierte indicios de vinculación con su concejal de Obras José Álvarez Valverde en los manejos que se le atribuyen a este. «La mera adjudicación de obras no ofrece elementos indiciarios mínimos de delito, pues son las conversaciones telefónicas interceptadas en la presente causa las que ponen sobre aviso y evidencian la ilicitud de las adjudicaciones», razona la jueza en el auto correspondiente a la pieza separada del Concello de Nigrán. El regidor había adjudicado obras ignorando los reparos, pero este hecho «no tiene por qué integrar ilícito penal, por cuanto que en determinadas condiciones es legalmente admisible el alzamiento del reparo», dice la jueza en el auto, que señala las mismas razones para eliminar cualquier sospecha sobre el secretario general del Concello.

También se ha librado de la imputación la presidenta de la asociación vecinal Pedra Moura, María Teresa Otero Comesaña. No se le pueden atribuir irregularidades en una subvención de 100.000 euros de la Diputación para la reforma del centro social.