Cinco sentencias obligan al Concello a pagar cheques sociales que negó

Ángel Paniagua VIGO / LA VOZ

VIGO

Oscar Vazquez

Los afectados cobran con un año de retraso ayudas que eran para casos de emergencia. La mayoría no recurrieron

14 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de 1.700 personas sin recursos se quedaron el año pasado sin una paga del programa de ayudas contra la crisis para necesidades básicas, conocido como cheque social. El programa nació como complemento para que las personas más pobres de la ciudad pudiesen afrontar sus gastos fijos: agua, luz, alquiler, alimentación, etc. Su gestión fue muy cuestionada y hasta el interventor emitió un durísimo e inusual informe. Ahora, cinco sentencias de dos juzgados de lo contencioso administrativo de Vigo obligan al Ayuntamiento a pagar a otros tantos ciudadanos la ayuda que les negó.

Se trata de cantidades pequeñas. La ayuda del 2013 fue una exigencia del Bloque Nacionalista Galego cuando pactó el presupuesto de ese año con Abel Caballero. Se destinaron tres millones de euros, de los cuales 250.000 se destinaron a publicidad. Cada una de las ayudas se estableció en 1.764 euros, en un pago único para todo el año. Al ser cinco personas, el mandato judicial tendrá un impacto mínimo en las cuentas municipales.

Los jueces reconocen en algunos casos también los intereses de demora, porque tenían que haber cobrado las ayudas a finales del año pasado, cuando se resolvieron. Pero los intereses se calculan como un porcentaje del total de la ayuda, y al ser esta cuantía pequeña, el interés también es bajo.

En total, el Ayuntamiento tendrá que desembolsar 8.934 euros a esas cinco personas. El gobierno local ya ha dado la orden de hacerlo, tras recibir los fallos judiciales.

En todos los casos, el Concello les negó las ayudas por cuestiones administrativas. No fue porque tuvieran grandes salarios. Las bases especificaban que las familias no podían superar una renta de 645 euros (el salario mínimo) y que, dividida la renta total del hogar por sus miembros, los ingresos per cápita debían ser inferiores a 150 euros. En dos casos, los afectados se quedaron sin la ayuda por no renovar la tarjeta del paro: no tenían trabajo desde hacía tiempo y no cobraban indemnización por desempleo, pero el Concello pedía la tarjeta del Inem. A otros tres les faltaba parte de la documentación, el algún caso no del propio beneficiario sino de su familia.

Los cinco que han ganado sentencias fueron de los pocos que demandaron. El Concello terminó de resolver todas las solicitudes cuando hubo terminado el año, a pesar de que se trataba de una ayuda de emergencia. Algunos recurrieron, pero el gobierno local tumbó prácticamente todos los recursos administrativos. Zanjado ese proceso, hay muy pocos casos que lleguen a los tribunales, porque el afectado tiene que buscar un abogado, formalizar una causa judicial sin garantía de ganar y por poco dinero.

El interventor criticó el retraso en la tramitación de las ayudas del departamento de Participación Ciudadana, que dirige el concejal Santos Héctor Rodríguez y llegó a paralizar el proceso administrativo. Al final, la ayuda de emergencia empezó a pagarse en el año 2014, con lo cual perdió la urgencia.