Canarias copia el modelo de Vigo para desdoblar la Audiencia

Los magistrados de Las Palmas ganan un pleito para evitar trasladarse a Lanzarote y Fuerteventura basándose en el conflicto con Pontevedra

El Supremo se inspiró en el pleito entre Pontevedra y Vigo por el juzgado de lo mercantil.
El Supremo se inspiró en el pleito entre Pontevedra y Vigo por el juzgado de lo mercantil.

vigo / la voz

El desplazamiento de sedes judiciales desde la capital de provincia a ciudades con gran población no es un asunto que afecte solo a Vigo. El parche de mover tribunales desde Las Palmas de Gran Canaria a las islas de Lanzarote y Fuerteventura ha generado otro pleito que lideran diez magistrados de la Audiencia Penal de dicha provincia. El Supremo acaba de darles la razón frente al Consejo del Poder Judicial y al Cabildo Insular de Lanzarote.

Desde el 2007, la junta de magistrados de la sección penal canaria alertó del aumento de asuntos en las islas menores al crecer su población, lo que les obligaba a desplazarse desde la capital a celebrar juicios con el trastorno personal que suponía. Por ello, propusieron crear en ambas islas una sección desplazada «como se ha llevado a cabo en otras zonas geográficas» pero luego cambiaron de opinión porque el auge de las videoconferencias hizo que tal medida careciese de sentido e incluso causase retrasos. Solo aprobaban el desplazamiento como excepción. Sin embargo, más altos órganos judiciales programaron traslados trimestrales de los tribunales fuera de su sede, lo que ratificó el Poder Judicial.

Los magistrados canarios se opusieron a los desplazamientos fuera de la capital porque lo consideraban «disfuncional» y alegaron que el Poder Judicial era incompetente para decidirlo.

Este conflicto ha resucitado los obstáculos que sufrió Vigo para desdoblar las sedes judiciales de la capital. La Sección 1 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo finalmente acabó con la guerra de las sedes canarias el pasado día 3 con una sentencia que tiene en cuenta el proceso que tumbó la pretensión del Colegio de Procuradores de Pontevedra de eliminar la sede del juzgado de lo mercantil en Vigo en el 2009 y devolverlo a la capital. El Supremo anula el calendario para desplazarse a las islas y, para ello, se basa en la sentencia que dictó la sala tercera del contencioso del Supremo en el 2009, cuando resolvió el recurso interpuesto por los pontevedreses. Recalca que el Poder Judicial tiene potestad para decidir mover una sede si cumple el requisito «de que las circunstancias o el buen servicio de la Administración lo aconsejen y la petición del tribunal o juzgado». Es decir, que el Supremo reconoce que el tribunal afectado podía pedir el desplazamiento fuera de su sede tras presentar un informe de la excepcionalidad de la medida pero no admite como regla general que haya juicios fuera siempre.

La solución con Vigo ha sido la clave para dar la razón a los magistrados opuestos a los tribunales móviles o experiencias «insatisfactorias» como las Audiencias bis especializadas en asuntos de las islas. La sentencia abre la puerta a que Vigo sea el modelo.

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