El Concello vigués aún puede recurrir la sentencia judicial sobre Eiras
19 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.A raíz de la sentencia que anula una factura de dos meses por el pago del agua a Vigo, el alcalde de O Porriño, Nelson Santos, se siente legitimado para no abonar los 2,5 millones que el reclama su homólogo Abel Caballero. El juez ha dictaminado que el alcalde vigués no tiene autoridad para exigir ni esa ni otras liquidaciones a otro ayuntamiento. El fllo deja claro que el Concello vigués «ni es el titular formal de la infraestructura ni tiene atribuido legalmente el poder decisorio para determinar la medida en que otra administración beneficiaria de una parte del caudal procedente de la presa de Eiras debe contribuir a determinados gastos».
Nelson Santos ha recibido con satisfacción el fallo, pero no quiere echar las campanas al vuelo porque contra la sentencia todavía cabe la posibilidad de recurso. El portavoz del BNG, Pedro Pereira, que apoya al gobierno local en este tema, está convencido de que el Concello de Vigo acabará recurriendo.
Al principio era Aqualia, la empresa suministradora del agua, la que hizo las reclamaciones y presentaba las facturas a O Porriño. Luego, fue el propio Concello de Vigo el que pasó al cobro una factura. O Porriño tenía que pagar más de 28.000 euros por dos meses de agua, según la liquidación girada por la Concejalía de Hacienda de Vigo y refrendada mediante un decreto de la alcaldía viguesa. La sentencia ha decidido que este Concello no tiene la facultad jurídica para pasar al cobro esta cantidad ni ninguna otra porque el porriñés tiene su propia concesión, por lo cual no puede ser tratado como si fuera un cliente más de Aqualia, según pone de relieve el juez.
Otra cosa es que en el año 1967 el Concello vigués sufragase parte de los gastos de la presa de Eiras y exija algo a cambio. Los usuarios tienen que llegar un entendimiento con el Concello de Vigo para repartir los gastos de vigilancia del embalse y del mantenimiento de la red. Pero nunca se firmó un acuerdo al respecto. En el año 1998, el pleno del Concello de Vigo estableció de modo unilateral unas tarifas. Poco después entraba en funcionamiento la estación de tratamiento de agua potable de Os Valos y, a partir de ese momento, la empresa de suministro del agua comenzó a facturar las cantidades que consideraba oportunas a O Porriño.
Pero desde el gobierno porriñés se rechazaron los albaranes. «So se pagaron uns poucos», recuerda Pedro Pereira, que fue concejal responsable de abastecimiento de agua en el bipartito BNG-PSOE encabezado por Raúl Francés. Pereira señala que el gobierno discrepaba de que Vigo tuviese que cobrarles por el uso del agua. «So podía facelo polo mantenimento da rede e a vixiancia», señala. Pero en este punto nunca se llegó a un acuerdo.
Convenio
Por eso el portavoz nacionalista respalda ahora la iniciativa del gobierno local para no pagar más de lo que no les corresponde y cree que se debería firmar un convenio entre administraciones.
El BNG aboga por firmar un acuerdo justo entre las administraciones implicadas
El fallo explica que Caballero no tiene poder para decidir los pagos de otro municipio