La justicia obliga a eliminar barreras a un ciego en silla de ruedas
06 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La justicia ha obligado al Concello de A Guarda a no discriminar a un ciego que está en silla de ruedas. Permanece recluido en su casa por culpa de 8 escalones que lo aíslan del resto del mundo. Como tiene que acudir en ambulancia a diálisis tres días a la semana, los trabajadores sanitarios tienen que cargar con él en la silla de rueda para salvar estos obstáculos. La familia lleva años pidiendo que se construya una rampa para evitar las barreras arquitectónicas. El Concello se ha negado reiteradamente a ello y ahora la jueza de lo contencioso administrativo número 1 de Pontevedra declara «la obligación del Concello de A Guarda de adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación por incapacidad física».
La familia del marinero discapacitado Valentín González, presentó una demanda al Concello de A Guarda hace un año para que el Ayuntamiento cumpliese la legislación en materia de barreras arquitectónicas y suprimiese las existentes en las proximidades de su casa.
En el año 2010, tras sufrir cuatro ictus, Valentín, que tiene 61 años, quedó postrado en una silla de ruedas con una incapacidad del 92 % . Sufre problemas de riñón y fue perdiendo gradualmente la vista hasta quedarse ciego.
La sentencia deja claro que todos los accesos a la vivienda de Valentín, en el número 14 de la calle Baixo Muro, están constituidos por escalones en todas y cada una de las calles que la rodean «lo que le impide no solo salir a la calle con normalidad sino que le dificulta de manera gravosa sus desplazamientos al centro médico».
La jueza señala que la ambulancia no puede acceder las inmediaciones de su domicilio «teniendo que ser trasladado el señor González en peso por el conductor de la ambulancia, ayudado por su esposa, a través de seis escalones, con el consiguiente riesgo para todos ellos que supone esta maniobra».
La magistrada recuerda que existe una ley gallega de accesibilidad del año 1997 por lo que el Ayuntamiento tiene «obligación de garantizar que efectivamente el señor González no sufre discriminación por su incapacidad».
La norma autonómica otorga un plazo de diez años para eliminar las barreras. «El Concello demandado no ha cumplido esta obligación, no solo no ha elaborado un proyecto para remediar esta situación sino que a fecha de la reclamación de la reclamante (la familia González) no dispone de dicho proyecto», escribe la jueza en el fallo.
Muralla medieval
La sentencia recoge que la administración local arguyó que la rúa Baixo Muro discurre bajo un metro de la antigua muralla medieval, por tanto las obras afectarían al casco antiguo, requiriendo la intervención de Patrimonio. En estos casos se deben eliminar las barreras y adoptar las soluciones necesarias que no afecten a elementos arquitectónicos protegidos. Sin embargo, la administración local «no acredita la existencia de ningún proyecto o programa de accesibilidad a fin de garantizar el principio de igualdad de oportunidades, normalización y vida independiente (para las personas discapacitadas) que se recogen en la ley», señala la sentencia.
Antes de que se hiciese pública esta sentencia el Defensor del Pueblo ya había instado al Concello de A Guarda, a finales del mes de noviembre del año pasado, a «elaborar sin demora un plan especial de actuación para la accesibilidad en este municipio».