Tras un parón, los bancos de Vigo presentan desde enero una demanda de ejecución hipotecaria por día, un 30,7% más que hace un año
22 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Se acabó la tregua. Pasado un año sin movimientos, los bancos de Vigo han desempolvado del armario los papeles que tenían parados y han solicitado desde enero a los jueces que hagan 51 subastas de inmuebles porque los hipotecados no han pagado sus cuotas. Las peticiones de desahucio (demandas de ejecución hipotecaria) han aumentado del 30,7% respecto a hace un año, cuando solo se habían registrado 39 demandas. En lo que va de año, hay once casos más, lo que supone que cada día el banco pide al juzgado que expulse a un hipotecado y subaste su inmueble.
En general, los empresarios son los más perjudicados ya que no están protegidos por las leyes que surgieron en mayo del 2013 y que dan facilidades al consumidor para que torpedee los intentos de desahuciarlo.
El procurador y experto en derecho civil Jesús González-Puelles explica que «hubo un parón por las sentencias del Tribunal de la Unión Europea y las modificaciones de la ley hipotecaria el año pasado. Los bancos pararon todo para interpretar el alcance de la ley, hubo dudas jurídicas que obligó a pararlo todo y ahora que tienen las cosas claras han vuelto a mover los asuntos».
Los datos hablan por sí solos. En el 2012, los bancos presentaron 380 demandas contra hipotecados morosos por día pero un año después, con los cambios contra los desahucios y la protección al comprador de vivienda habitual, no pasaron de 280. Prácticamente, desde junio, no se movió nada y hubo cien casos menos. Pero la situación se ha invertido ahora y los bancos han dado instrucciones a sus procuradores para que reactiven las subastas.
González-Puelles no cree que influya el hecho de que haya una morosidad del 13 %, un auténtico récord. «Lo que ocurre es que las deudas antiguas no se han pagado, no se ha recuperado nada, con la crisis no hay drenaje, y las nuevas moras se acumulan a las anteriores».
El experto sostiene que la «inmensa mayoría del papel [demandas de ejecución hipotecaria] se ha presentado» pero todavía quedan dueños de segundas viviendas y de empresas que no pueden pagar las cuotas y no están protegidos por la reforma legal. «Lo que ocurre ahora es que las viviendas antiguas, compradas en el 2006 y 2007, se dejan de pagar por las empresas, que son las menos afectadas por la reforma».