La Xunta derriba una casa sin licencia en la O Rosal

Monica Torres
mónica torres O ROSAL / LA VOZ

VIGO

El dueño pagará a la Aplu
El dueño pagará a la Aplu

El dueño deberá pagar 30.000 euros por la demolición

05 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La piqueta comenzó ayer a actuar en O Rosal. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, Aplu, ejecuta el derribo de la estructura de una edificación levantada en la zona de Portocelo, en la costa. La sentencia de demolición fue dictada en enero del 2012 por el juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra.

La obra fue ejecutada sin licencia, según indicó ayer el alcalde de O Rosal, Jesús María Fernández Portela. El regidor explicó que «no se concedió autorización ya que se trata de un suelo que está en zona de servidumbre, por lo tanto de especial protección, y la actuación no se adapta a la Ley de Costas». El propietario habría adquirido los terrenos con una licencia y proyecto de la década de los años ochenta.

Son los técnicos de la Aplu los que elaboraron y redactaron el proyecto de derribo que comenzó a ejecutarse ayer. El gasto asciende a 30.000 euros y deberán ser abonados por el propietario de la construcción afectada.

Los trabajos arrancaron ayer pero aún continuarán ya que además de toda la edificación hay que demoler la cimentación mediante losa de hormigón armado, explicaron fuentes de este departamento de la consellería de Medio Ambiente.

La Xunta insiste en que la finalidad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística «es velar por el uso racional del suelo de acuerdo a lo que dispone la normativa reguladora del urbanismo y del litoral, especialmente en el medio rural y en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo».

Medio Ambiente reitera que su función «no es derribar, sancionar y recaudar, sino contribuir a ordenar y proteger el territorio». Este es el primer derribo del año de la Aplu en la comarca. Precisamente, en uno de los municipios en los que menos situaciones de este tipo se procucen.

La agencia fue también la que ejecutó las únicas tres demoliciones que se llevaron a cabo en A Guarda tras una sentencia que anuló las licencias de veintiuna viviendas unifamiliares. La situación de las obras es distinta, no obstante, porque,en el caso de A Guarda todas las casas cumplían con sus respectivas licencias.

También están todavía pendientes de ejecutarse otros derribos en los municipios de Oia y A Guarda.