«En el 2008 debía haber rescindido la concesión», afirma el exalcalde
19 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El exalcalde socialista Carlos Príncipe cree que desde el Concello se han cometido graves errores en la gestión del auditorio municipal de Beiramar, un proyecto que él ayudó a alumbrar en su etapa de concejal de Cultura. Y de estos errores se deriva su actual situación de crisis, que podría derivar incluso en la quiebra de la concesionaria en un futuro cercano.
Este planteamiento fue expuesto por Príncipe ayer ante la comisión de investigación del auditorio que integran concejales del PP y preside Roberto Relova. Bajo la premisa de alguien que conoce de cerca este complejo expediente, asegura que con Corina Porro (PP) en la alcaldía hubo fallos en su tramitación, pero atribuye las responsabilidades de mayor calado al actual alcalde.
Desde su punto de vista, Caballero debería haber anulado la concesión a Pazo de Congresos S.L. (Sacyr, Novacaixagalicia y Puentes) en el 2008 cuando se redujo el importe del proyecto de 141 millones de euros a 91. «En este momento la concesionaria, con Julio Fernández Gayoso a la cabeza, planteó como contrapartida reducir el área comercial y privada de 30.000 metros cuadrados a 18.000. Eso suponía una sentencia de muerte para la gestión económica de la instalación, ya que esta zona comercial era la que iba a procurar ingresos para recuperar parte de los 60 millones de euros que aportaron para su construcción, pero nos perdió la propaganda y las ganas de hacer la genuflexión ante Gayoso».
Parón urbanístico
La otra grave responsabilidad que atribuye Príncipe a Caballero es la falta de desarrollo urbanístico de la zona del auditorio. La concesionaria se queja de que le prometieron que saldrían los frigoríficos de Beiramar, y que aquello se convertiría en un área residencial y de ocio, lo que evidentemente no ha ocurrido.
«Es cierto que existe un parón urbanístico, pero el Concello de Vigo ha tenido dinero para recuperar el entorno. Dispuso de 100 millones de euros del Plan E, pero el gobierno municipal tuvo otras prioridades y la zona no ha mejorado».
En este contexto, la aprobación en el 2012 del plan económico financiero presentado por la concesionaria «es colocarse una soga. Si no se consiguen los ingresos previstos el Concello le ha dicho a la empresa que está detrás como respaldo». Y además, por esa vía le amplió la concesión de 35 a 60 años y le entregó 5 millones de euros.