El informe ha sido redactado por los secretarios judiciales, que asumen que la Justicia «es obvio que no resulta gratis»
12 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Colegio de Abogados de Vigo ha distribuido una guía práctica que les explica cúando deben pagar las tasas judiciales y cómo pueden acogerse a deducciones y exenciones. El escrito fue redactado por los secretarios judiciales con la idea de resolver las consultas que les plantean los letrados. En el prólogo, los secretarios asumen que la Justicia «obviamente no es gratis» y creen que no debería ser financiada enteramente por los impuestos que pagan todos los contribuyentes, muchos de los cuales nunca van a los juzgados.
Los abogados de Vigo, a través del colegio o de plataformas como Una Justicia para Todos o la asociación Avogados Novos han luchado contra las tasas en los últimos meses. Recientemente, Fabián Valero, presentó 170.000 firmas contra el tasazo en el Ministerio de Justicia.
Paralelamente, los letrados han aconsejado a sus clientes que paguen las tasas para continuar sus pleitos y evitar mayores perjuicios. La dura realidad se ha impuesto y eso ha llevado a hacer circular por Internet la Guía para la aplicación de las Tasas Judiciales. Este documento fue elaborado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y está adaptada al Real Decreto 3/2013 del 22 de febrero, una normativa que atenúa el pago de las tasas. El informe lo dirige la Comisión de Estudios e Informes del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y como estos son quienes ayudan a los jueces en el día a día son quienes mejor conocen los aspectos prácticos de las tasas.
Justificación del pago
Los secretarios indican en el prólogo de su informe que la sentencia del Tribunal Constitucional afirmó en el 2012 que la justicia puede ser declarada gratuita como hizo una ley de 1986. Sin embargo, los secretarios judiciales añaden que «resulta obvio que la justicia no es gratis. Si los justiciables no abonan el coste del funcionamiento de la justicia, el Poder Judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los contribuyentes».
Los secretarios añaden en su informe que la justicia implica beneficios colectivos que trascienden el interés del litigante pero replican que «la financiación pura mediante impuestos conlleva siempre que los ciudadanos que nunca acuden ante los tribunales estarían coadyuvando a financiar las actuaciones realizadas por los juzgados y las salas de justicia en beneficio de quienes demandan justicia, una, varias o muchas veces».
La guía práctica que han elaborado los secretarios viene a decir que corresponde al legislador optar por el modelo de financiación de los gastos, ya sea con impuestos, tasas o uno mixto. Defienden que el proceso «es plenamente respetuoso con las previsiones constitucionales sobre la gratuidad de justicia». Y concluyen: «La cuestión no es si las tasas son o no constitucionales sino si son admisibles las tasas en la forma que han adoptado en la ley actual, de forma que sean tan elevadas que impidan en la práctica el acceso a la justicia o la obstaculizan en términos irrazonables».
El final del informe reconoce que la opinión pública y el Defensor del Pueblo se ha manifestado en contra de las tasas.
Desde la entrada en vigor de las tasas, las demandas de civil en Vigo han caído un 14 % y los recursos contra sanciones un 40 %. Por contra, aumentan las peticiones de justicia gratuita.