La Administración extrema el celo para conceder abogado de oficio
24 mar 2013 . Actualizado a las 18:00 h.La Xunta ha impugnado en lo que va de año la ayuda concedida a 40 litigantes de Vigo que obtuvieron abogado de oficio. Tras ser asistidos, la Administración, les denegó el derecho a la justicia gratuita y les obligó a pagar los honorarios al letrado. En la mayoría de los casos, los afectados no pudieron acreditar que careciesen de medios económicos para litigar. La Xunta comunicó esas revocaciones al Colegio de Abogados, que gestiona el turno de oficio, y al juez que lleva el procedimiento para que lo resolviese.
Muchos de estos litigantes habían sido detenidos y asistidos gratis por un abogado de oficio cuando declararon en la comisaría de Vigo. Todos los detenidos gozan de una primera asistencia gratuita porque la ley obliga a que el imputado sea representado por un abogado, sin necesidad de acreditar su falta de medios, para no causarle indefensión. Puede llamar a un abogado de su elección al que contrate.
Pero después, la Administración estudia todas las declaraciones de la renta y el patrimonio de los asistidos en comisaría y comprueba si alguno excede el baremo de capacidad económica que le excluye del beneficio de la justicia gratuita. «En los últimos tiempos, la Xunta pide hasta la documentación del cónyuge para comprobar todos los ingresos», señalan fuentes colegiales.
No quieren pagar
El requerimiento de pago ha causado sorpresa en algunos litigantes que fueron detenidos y a quienes la Xunta les denegó posteriormente la gratuidad de la asistencia. Alguno se ha pasado a protestar ante la oficina del Colegio de Abogados porque le causa perplejidad que la Administración le obligue a pagar los honorarios del abogado que le asignaron. «Aquí viene gente que no quiere pagar y dice: "Que no me pongan abogado" pero en penal es obligatorio por su propio beneficio, es la ley», aclaran fuentes del colegio.
Alguien planteó la cuestión teórica de si tendría que pagar también un detenido que resulte ser inocente y que, por superar la renta, le deniegan la justicia gratuita. «Hubo uno que preguntó lo mismo y recalcó que si es algo obligatorio, que lo pague la Administración. No supimos muy bien qué contestarle pero, en principio, la ley dice que el que supere la renta debe pagar abogado», dicen en el colegio.
El pago medio de honorarios de abogado ronda los 800 euros pero generalmente la cuantía es superior, a medida que aumenta la gravedad del delito imputado. Los detenidos con renta alta siempre les queda la opción de llamar a un amigo abogado para que les asista sin cobrarles.
Además, el Gobierno autónomo denegó desde enero la asistencia gratuita a 112 litigantes que la solicitaron en el Colegio de Abogados. En unos casos, ratificó la resolución de denegación del colegio y otros impugnó su aprobación tras revisar los baremos económicos. Hay otros 20 asuntos, la Xunta concedió la gratuidad, pese a ser denegada por el colegio, y la Xunta envió un comunicado al colegio para que designase inmediatamente un abogado de oficio al litigante.
En total, desde el 2 de enero y hasta la fecha, la Xunta ha denegado 152 de los 2.050 expedientes de solicitud de justicia gratuita tramitados en Vigo, aunque 787 de ellos son por la asistencia en comisaría. Le deniegan la ayuda al 7,4 % de los posibles beneficiarios.