El tasazo desatasca un 30% de las apelaciones en la Audiencia

E.V.PITa VIGO / LA VOZ

VIGO

La Sexta Sección registró 68 recursos en enero, frente a 101 hace un año

02 feb 2013 . Actualizado a las 16:07 h.

El tasazo impuesto por el ministro Gallardón va camino de desatascar la carga de trabajo de la Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. El tribunal llegó a tener 1.700 asuntos en la cola y ocupar el farolillo rojo de España hasta que recibió la ayuda de dos magistrados de refuerzo, uno de ellos retirado después. Cualquier litigante descontento con una sentencia en primera instancia, por ejemplo por unos lindes o un impago, podía presentar un recurso de apelación pero su abogado le advertía de que el tribunal tardaría año y medio en deliberar sobre el caso y dictar una sentencia. Los expedientes pendientes de resolución llenaban hasta los topes de las estanterías de dos salas.

Sin embargo, la tendencia a litigar se ha frenado bruscamente. La implantación de las tasas judiciales ha desanimado a muchos litigantes que deben pagar 800 euros por cada recurso. Una barrera económica que desanima a muchos. Otros acuden al Colegio de Abogados para obtener justicia gratuita. «Cobro una pensión de 700 euros, la jueza dictó una sentencia en mi contra y recurrirla me cuesta lo mismo que gano cada mes», lamenta un incapacitado laboral que cubre los impresos para tener abogado de oficio o la exención de tasas judiciales.

El efecto tasazo tiene su reflejo en las estadísticas de la Audiencia. Prueba de ello es que desde que entró en vigor el pasado 17 de diciembre, la presentación de recursos de apelación ha caído en picado en Vigo. Si entre el 1 y el 31 de enero del 2012, la Audiencia registró la entrada de 101 recursos contra sentencias de lo Civil, en el mismo período del 2013, solo ha tramitado 68. El pasado mes hubo 33 casos menos que hace un año. El descenso es del 32,67 %, y si este ritmo se extrapolase al resto del año, la Audiencia terminaría el 2013 con 396 casos menos. De un plumazo, la lista de espera actual de 1.300 asuntos pendientes -que supone más de un año de retraso- quedaría reducida a 900.