El Supremo permitirá el primer derribo de un edificio en Vigo

En breve desestimará el recurso contra la demolición parcial de Churruca


Vigo / La Voz

En el plazo de unas pocas semanas el Tribunal Supremo despejará finalmente la vía para la primera demolición parcial de un edificio en la ciudad. Tras muchos años de pleito judicial todo está dispuesto para que desaparezcan las dos últimas plantas del inmueble situado en los números 3 y 5 de la calle Churruca.

La providencia que la sección 102 envió a las partes en julio lo evidencia con claridad al anticipar casi con total seguridad la inadmisión del recurso presentado por el promotor como última vía para evitar la entrada en acción de la piqueta. En dicho escrito el magistrado Mariano de Oro Pulido deja claro que los recursos de casación contra los autos de ejecución de sentencia «únicamente caben cuando se pueden interponer contra la sentencia, lo que no ocurre en el presente caso».

Por si no fuera suficientemente explícito, recuerda que están exceptuados los recursos cuando la resolución judicial impugnada haya recaído en un asunto cuya cuantía no exceda de 600.000 euros; en este caso, «a la vista de los datos obrantes en el expediente, ascienden a 424.000 euros».

Plantas superiores

En base a ambas apreciaciones todo hace indicar que en el plazo de unas pocas semanas el Tribunal Supremo inadmitirá el recurso presentado por el promotor (fallecido hace unos meses) y el Concello pondrá en marcha el complejo plan de derribo que estuvo a punto de llevarse a cabo el pasado mes de marzo. Se trata de demoler en una primera fase las dos plantas superiores, que excedieron la altura autorizada en la denuncia, que es la parte contratada por la Gerencia de Urbanismo. También está pendiente de demolición una parte de las plantas quinta a octava, pero en este caso hubo una acuerdo entre el denunciante, los vecinos afectados y Urbanismo para dejarlo para una segunda fase sin fecha.

La piqueta iba a comenzar a trabajar el lunes 5 de marzo, pero el 28 de febrero el Concello recibió la orden de suspensión provisional de la sentencia debido a la presentación de un último recurso por parte del promotor. Esta actuación judicial y el parón pilló completamente por sorpresa a las partes implicadas (vecinos afectados, denunciante y Concello) ya que tras seis meses de gestiones todo estaba a punto para iniciar la demolición.

La participación municipal ha sido clave en este caso ya que la inmobiliaria que construyó el inmueble en la práctica había desaparecido. Por este motivo asumió la ejecución subsidiaria con la intención posterior de cargarle los costes, si ello es posible. Los algo más de 400.000 euros que costará la operación afectarán en exclusiva a las dos últimas plantas, estando sin cuantificar la cantidad correspondiente al resto del edificio.

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