El gerente del Chuvi reclama que las elecciones «no interrumpan» la obra
26 sep 2012 . Actualizado a las 07:10 h.Hay consenso entre los partidos que aspiran a desbancar al PP del Gobierno gallego. PSOE, BNG, Alternativa Galega de Esquerda y Compromiso por Galicia coinciden en que la Xunta debe recuperar la gestión del nuevo hospital de Vigo. Las cuatro fuerzas aseguran que si gobiernan Galicia romperán el contrato con la unión temporal de empresas que forman Acciona, Puentes y Calzadas, Obras Caminos y Asfaltos, Altair y Concesia. Apuestan por resolver el contrato alegando incumplimientos, algo que, con mucha probabilidad, llevaría a la empresa a recurrir a los tribunales.
«Hay incumplimientos del pliego concesional suficientes como para que la obra y la gestión del hospital vuelva a manos públicas», estima Abel Losada, portavoz parlamentario del PSdeG y cabeza de lista socialista por la provincia de Pontevedra. «Es una milonga que la obra siga el ritmo previsto, no hay más que pasar por allí para comprobar que apenas hay movimiento», añade el candidato.
El PSdeG incluye en su programa electoral la ruptura del contrato, especificando que promoverán «a súa reversión a un sistema de construcción e xestión exclusivamente financiada con fondos públicos». Losada considera que el mero rescate de la concesión sería demasiado costoso para la Administración gallega, pues acarrearía indemnizaciones y conflictos judiciales que, estima, se pueden evitar si se opta por argumentar los incumplimientos cometidos por la concesionaria.
Similar planteamiento realiza el cabeza de lista del BNG, Carlos Aymerich, para quien resulta evidente que la sociedad que lleva a cabo las obras no está cumpliendo con sus obligaciones. «Hai que asumir esa obra desde a dotación orzamental da Xunta e revisar a participación público-privada que deu Feijoo tan alegremente». Para Aymerich resulta incomprensible que en casos como el del hospital vigués se haga una concesión por encima de los intereses financieros a los que tendría que hacer frente la Administración gallega si acometiese la obra sin concesiones intermediarias. «Hai que resolver ese contrato polos incumprimentos acumulados. Está paralizado», concluye.
Desde la coalición Alternativa Galega de Esquerda (Anova-Esquerda Unida) coinciden. «Probablemente se haya incumplido el contrato, porque los pliegos incluyen que no se disminuirá el rimo de la construcción», dice el responsable de sanidad, José Cuevas, que admite que hay que valorar jurídicamente qué mecanismo se utiliza. «Pero no hablamos de rescate, porque implica indemnizar, sino de resolución del contrato», aclara.
En Compromiso por Galicia son aun más tajante. «É probable que incluso pagar un rescate sexa máis barato que o que custará pagar a concesión durante os próximos vinte anos», explica la viguesa María Méndez, exconcejala del BNG y médica del Sergas. «Tería que detraerse os cartos doutras partidas», reconoce.
El único interesado en que todo siga como está es el PP, impulsor del modelo de colaboración público-privada. El nuevo hospital de Vigo es la mayor obra que la Xunta tiene en marcha en Galicia. Pero la constructora aún tiene pendiente cerrar los créditos a largo plazo con siete bancos españoles y con el Banco Europeo de Inversiones.
Aun así, el gerente del Complejo Hospitalario Universitario (Chuvi), Francisco Soriano, insiste en la necesidad de que los trabajos vayan adelante: «Esperemos que las elecciones no interrumpan las obras», reclama el gestor.
La tesis de resolver el contrato parte de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública. Este colectivo está trasladando a los partidos que la concesionaria incumple las cláusulas del contrato, entre otras cuestiones, «reduciendo el proyecto». La plataforma está reclamando a las fuerzas políticas que concurren al 21-O que se comprometan a tumbar el contrato.