Caballero ignora los avisos del BNG y hoy ampliará la concesión del auditorio

J. Fuentes VIGO / LA VOZ

VIGO

Nacionalistas y PP rechazan extender de 35 a 60 años el período de gestión y entregar 5 millones a la concesionaria

06 jul 2012 . Actualizado a las 07:05 h.

Primero fue Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento; ahora le toca al auditorio de Beiramar y no tardando a la empresa que gestiona el transporte público. Cada uno de estos movimientos fue anticipado por los grupos de la oposición, rechazado por ambos y, sin embargo, ejecutado por el gobierno municipal que preside en minoría Abel Caballero. Ajeno a esta circunstancia, el alcalde ejerce sus competencias y la oposición se limita a patalear.

No hace muchos días, concretamente el pasado 29 de junio, el portavoz del BNG, Santiago Domínguez, amenazó con represalias a Caballero si daba el paso que hoy va a dar. En el orden del día de la junta de gobierno local de esta mañana figura la aprobación del plan económico financiero de la concesionaria, en el que con seguridad se incluyen las medidas para garantizar su gestión.

Los informes de los que dispone la oposición dan por seguro que el plazo de explotación se disparará hasta los 60 años desde los 35 iniciales y además las empresas que forman la sociedad (Novagalicia y Sacyr) recibirán una inyección económica de cinco millones de euros. Este dinero no será entregado por el Concello sino que provendrá de la aportación que realizó la Xunta para su concesión y que no fue utilizado en su totalidad en su momento.

Una medida como esta, que el número tres del gobierno local, el socialista Carlos Font, decía desconocer la pasada semana, era calificada como «unha decisión unilateral» por el portavoz del BNG, algo contra lo que advirtieron a Caballero en el momento de aprobar los presupuestos. Hace menos de dos semanas recalcaba que si se producía «o BNG quedaría exento de calqueira decisión e que non se nos pida apoio noutros temas de política xeral».

El alcance de esta amenaza se conocerá pronto, pero de entrada no parece que a Caballero le preocupe demasiado. Ocurrió lo mismo con Aqualia, a la que en noviembre pasado le prorrogó cinco años la concesión pese a que aún le quedaban cinco más. La protesta de BNG y PP se concretó en el último pleno en una moción pidiendo que los ciudadanos paguen el agua que consumen y no el mínimo establecido de 30 metros cúbicos cada dos meses. Papel mojado sin duda ante la prórroga de la concesión que así lo establece.

Y ayer José Manuel Figueroa (PP) advirtió que pronto le llegará el turno a Vitrasa...