La Fiscalía de Pontevedra está llevando a cabo un control exhaustivo de las residencias de la tercera edad de la provincia, así como de los geriátricos. La medida responde a la instrucción dada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a raíz de que en distintos puntos se hubiesen producido hechos luctuosos o se detectasen establecimientos en precarias condiciones.
Tales inspecciones han venido a constatar un pequeño porcentaje de irregularidades en algunos ingresos de personas que figuraban como «ingresos voluntarios», pero que realmente no lo eran. Las fuentes consultadas precisaron que lo habitual es que se trata de personas que supuestamente dieron su consentimiento para ser trasladados a una residencia, pero la inspección puso de manifiesto que no estaban mentalmente capacitados para dar tal autorización.
Lo normal es que se trata de ancianos aquejados de algún tipo de demencia o de enfermedades como el alzhéimer. En todo caso, este tipo de situaciones se suele resolver manteniendo la situación de internamiento, aunque, eso sí, previa autorización del juzgado correspondiente. Se han establecido tres posibles situaciones a la hora de abordar esta problemática por parte del fiscal.
Tres grupos
El primer grupo serían personas con plenas facultades mentales, en cuyo caso las autoridades judiciales no intervienen. El segundo lo conformarían individuos que se opone al ingreso pero está incapacitado, una circunstancia que establece desde un primer momento la intervención del fiscal y del juez. El último apartado lo conforman personas de edad avanzada aquejas de alguna enfermedad o un patología que restrinja su capacidad para «prestar tal consentimiento». Antes prácticamente bastaba el criterio médico para que se produjese el ingreso en una residencia, si bien el ministerio público ha constatado abusos. Es en relación con este último grupo donde más irregularidades se han detectado.