Los usuarios acuden al Valedor por el traslado del embarque en Vigo

J. Santos CANGAS/LA VOZ.

VIGO

22 oct 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

La plataforma de usuarios del transporte de ría acordó remitir al valedor do Pobo, al presidente de Puertos del Estado y a Capitanía Marítima un informe sobre la decisión de la Autoridad Portuaria de Vigo de trasladar el atraque de los barcos que realizan el transporte de pasajeros a O Morrazo. El colectivo, integrado por las federaciones vecinales de Cangas, Moaña y Vigo, la Platafoma de Defensa da Ría, la CIG y los usuarios, considera que Corina Porro olvida que el puerto es de todos y que su labor es gestionarlo para beneficio público «e no marco da lei que con frecuencia bordea». La respuesta de la Autoridad Portuaria a las peticiones presentadas por la Plataforma y los concellos de Cangas y Moaña para negociar la ubicación del embarcadero fue «provocadora e lamentable», afirma el colectivo. Consistió, añade, en abrir el acceso al expediente seis meses después de haber adoptado la decisión y con las obras en marcha. Es, dice, «un desprezo aos milleiros de cidadáns que asinaron a petición e dunha actitude prepotente e desleal ao ignorar ás institucións municipais». La Plataforma no sólo protesta por la «ubicación inadecuada» del embarque en Vigo, sino también por la «falta absoluta de formas» por parte de Corina Porro. Pasaron seis meses, recuerda el portavoz, Paco Ferreira, desde que solicitaron por vez primera información y diálogo. «Nos atopamos cunha resposta que nos leva á vía administrativa ou ao conflicto social». En vez de escuchar a los usuarios, añade Ferreira, el organismo optó por darle un «acelerón ás obras». La tramitación del expediente de concesión al Náutico de Vigo para ocupar la dársena para ampliar el puerto deportivo fue un «proceso administrativo trampa», ya que, afirma la Plataforma, se alteraron fechas y se abrieron visos de ilegalidad. El colectivo está convencido de que el hecho de la mayoría de los usuarios sea de O Morrazo y no vote en Vigo tiene una relación directa con el «trato» recibido por parte de Corina Porro. Sospecha que utiliza políticamente el Puerto para sus intereses