Tanto Puertos como Fomento se exculpan de cambiar la provincia en papeles oficiales.
20 abr 2010 . Actualizado a las 10:46 h.Fue «una errata» o «un lapsus» o «una anécdota». Así califican fuentes oficiales del Gobierno de España su reciente confusión en la provincia en la que se encuentra Vigo. Documentos oficiales amparados por la firma de un alto cargo del Ejecutivo ubicaron a la ciudad más poblada de Galicia -y decimocuarta del Estado- en A Coruña. En dos ocasiones, como avanzó este periódico, el Boletín Oficial de las Cortes Generales recogió el día 6 de abril lo siguiente: «El Plan de Inversiones 2009-2013 vigente de la Autoridad Portuaria de Vigo (A Coruña)...».
Pero consultado por La Voz, el Gabinete de Zapatero rechazó dar alguna explicación más allá de que tramita «80.000 respuestas parlamentarias al año». «No tenemos ninguna explicación que ofrecer. La errata es evidente», dijo un portavoz.
La pregunta que no ha querido contestar el Gobierno es: ¿Quién cometió el error? Aun así, sí se han averiguado algunas cosas. El desatino se produjo en las respuestas a dos preguntas parlamentarias de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG) acerca de obras en el Puerto de Vigo.
La respuesta la redactó el organismo Puertos del Estado. Se la envió al Ministerio de Fomento, el departamento al que está adscrito. Este la mandó a la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios (que está en la estructura del Ministerio de la Presidencia, que ostenta la también vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega). De ahí se remitió a la diputada y al Boletín Oficial de las Cortes Generales .
Pues bien, en Puertos del Estado, presidido por el coruñés Fernando González Laxe, aseguran que ellos no tienen la culpa. En la respuesta original que redactaron sus técnicos, según aseguran fuentes del organismo, «no se incluía la provincia de la Autoridad Portuaria de Vigo porque en la pregunta [de Olaia Fernández, diputada por Pontevedra] tampoco figuraba».
El documento llegó a Fomento, ministerio al frente del cual está el lucense José Blanco. Y ellos tampoco fueron. «Nosotros no incluimos la provincia», asegura un portavoz.
De ahí pasó a la Secretaría de Estado de Asuntos Parlamentarios, el último escalón antes de volver al Congreso de los Diputados. «No queremos entrar en quién la ha escrito», dicen en ese departamento.