Seis de cada diez inmigrantes expulsados de la provincia en el 2009 residían en la ciudad

VIGO

26 ene 2010 . Actualizado a las 11:29 h.

Un total de 193 inmigrantes fueron expulsados el pasado año de Vigo, y otros 21, de municipios del entorno como Tui y Salvaterra de Miño. En toda la provincia las deportaciones de personas en situación irregular llegaron a 319, según datos de la Subdelegación del Gobierno.

La cifra demuestra un año más que Vigo es el destino preferido de estos ciudadanos, donde acuden en busca de trabajo o, en el caso de muchas mujeres, engañadas por las mafias. Esto explica que la mayoría de las empresas sancionadas por contrataciones irregulares sean clubes de alterne.

El segundo puesto le corresponde a Pontevedra, con 62 expulsados, seguida ya a distancia de localidades próximas como Marín y Vilagarcía de Arousa.

El mayor contingente de deportaciones de Vigo procede de Brasil, en concreto 43 personas, seguido de paraguayos, que suman treinta y uno, marroquíes, una veintena, y senegaleses, dieciséis.

El resto, pertenecen a países de distintos continentes, sobre todo del americano y africano. Es el caso de Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, Guatemala, México, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Venezuela y Cuba. También se vieron obligados a abandonar la ciudad vecinos originarios de Albania, Angola, Argelia, Egipto, Pakistán, Gambia, Ghana, Guinea Bissáu, Guinea Conakry, Cabo Verde, Mauritania, Nigeria, China, Georgia, Liberia, Moldavia, Rusia y Rumanía. En total, treinta y cuatro nacionalidades.

El crecimiento de inmigrantes en situación irregular no va parejo al de aquellos que residen de forma totalmente legal y que se ha disparado en los últimos tiempos.

De hecho, mientras que en los dos años anteriores las expulsiones afectaron a 331 y 356 personas, lo que demuestra una cifra más o menos estable, los residentes extranjeros en la ciudad de forma legal superaron las 17.000 personas, de un total de 26.500 asentados en toda la provincia. Además, la población no comunitaria llegó a duplicarse en apenas cuatro años en la provincia de Pontevedra.